Creemos: INRA avala tráfico irregular de tierras por adjudicación a interculturales de comunidades “fantasma”
La diputada chiquitana, María René Álvarez (Creemos), denunció que autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) avalan el tráfico ilegal de tierras mediante la dotación irregular a los denominados interculturales que dicen pertenecer a comunidades inexistentes.
“Las tierras dotadas a los denominados interculturales no cumplen la Función Económica Social (FES) que argumentan para su entrega. Son tierras para el tráfico ilegal mediante dotación irregular a los denominados interculturales que dicen pertenecer a comunidades inexistentes; es decir, que el INRA titula a ‘comunidades fantasmas’. Son registros ilegales, pero se adjudican tierras que luego venden en parcelas pequeñas sin documentos”, denunció la parlamentaria, según una nota de prensa.
Señaló que los interculturales acceden a estas “tierras de engorde”, que no cumplen la Función Económica Social que establece la norma, las fraccionan en parcelas, las alquilan y las venden sin documentos legales, inclusive a extranjeros.
Según registros sobre la dotación de predios, en el período entre 2013 a 2016, durante la gestión del expresidente Evo Morales, se otorgó la mayor extensión de tierras que durante toda la historia republicana, señaló la diputada chiquitana.
Por otra parte, según una investigación de la Fundación Tierra, difundida en medios de comunicación, los campesinos e interculturales poseen el 27% del total de las adjudicaciones saneadas a nivel nacional, 31% son fiscales, 28% son Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y 14% fueron adjudicados a la mediana empresa.
Álvarez explicó que de acuerdo a normativa, la dotación de tierras fiscales no puede ser mayor a 5.000 hectáreas, las que pueden, o no, ser parceladas, las irregularidades tienen que ver con el saneamiento de tierras a pesar de la superposición de planos, que además ocasiona la usurpación de áreas fiscales de preservación natural protegida por la Constitución Política del Estado (CPE), actualmente también avasalladas por los interculturales.
En criterio de la parlamentaria, el INRA debe sistematizar y actualizar todos los planos y extensión de todas las tierras que se estén otorgando, tanto las que son de saneamiento como las que son de dotación.
“Esta información es pública, todos los bolivianos tenemos derecho de acceder a estos registros. El INE debe transparentar esta información que se les niega, incluso, a los directos propietarios como son los pueblos originarios y en el caso de las tierras bajas son pueblos precolombinos”, puntualizó.
