Las Londras: el desalojo forzoso de los predios es el siguiente paso

Después de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) determinó que solo 1.800 hectáreas de un total de 18.000 en el predio Las Londras son para la producción agrícola, el siguiente paso es el desalojo de los ocupantes ilegales. Se seguirá un proceso administrativo de rigor, afirmaron por separado Gonzalo Colque, exdirector de Fundación Tierra, y Sheyla Martínez, miembro del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Santa Cruz (GTCJ-SC).

La conclusión final del proceso de saneamiento de esa área establece que solo el 10 por ciento pertenece a 16 predios, mientras que el resto es considerado tierra fiscal no disponible que compete a la Reserva Forestal de Guarayos. 

La disputa por los referidos predios ocasionó una serie de sucesos violentos, como el secuestro de 17 personas, entre ellas periodistas que cubrían el conflicto.

Colque advirtió que el INRA aún no emitió la resolución correspondiente, por tanto, el siguiente paso es avanzar del anuncio a hacer conocer la resolución de declaratoria de tierra fiscal no disponible y la delimitación del área.

“Luego de eso corresponde que proceda al desalojo de los ocupantes ilegales, sin importar si son empresarios o campesinos. Para ello, existe un procedimiento administrativo, notificaciones y en último caso incluso puede acudir al uso de la fuerza pública para el desalojo. Finalmente, debe realizar un inventario del uso de la tierra y desmontes para cuantificar los daños que pudo haber ocasionado la ocupación ilegal”, señaló.  

Aseguró que las tierras tienen que ser recuperadas en los hechos y ello implica el retiro de los cercos, alambrados y portones que los empresarios instalaron en varias zonas de Las Londras. 

Asimismo, indicó que se debe verificar la situación jurídica de las tres comunidades que los interculturales establecieron con personería jurídica en La Londras: 24 de septiembre, Chuchial Bañadito y Los Tigres.

Consultado sobre si corresponde la reversión de tierras que estaban siendo utilizadas por los empresarios, el exdirector de Fundación Tierra explicó que se trata de una figura legal que se tiene que verificar en los expedientes agrarios.

“Los empresarios no pudieron demostrar en el proceso de saneamiento que son propietarios legales, por tanto, correspondería la reversión que generalmente se hace por incumplimiento de la Función Económico Social (FES), sino la declaratoria de ocupaciones ilegales”, puntualizó.

Aplicar la ley

Por su parte, Sheyla Martínez afirmó que el INRA tiene que asumir las atribuciones que le confiere la ley con transparencia, participación y neutralidad política partidaria, que parte inicialmente por su institucionalización y el cumplimiento de la norma en cuanto a la designación de los responsables.

“Tiene que dar cumplimiento a los decretos supremos que asignan la categoría de Reserva Forestal de Guarayos como tierra fiscal no disponible”, sostuvo.

La investigadora dijo que se debe ampliar este tipo de resoluciones a otras zonas donde también existen conflictos agrarios dentro y fuera de la provincia Guarayos. Para ello, se debe cumplir con el mandato de actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y la disponibilidad de predios fiscales. 

“Esta información debe ser de carácter público”, subrayó.

Martínez recordó que el tema de la tierra en la provincia Guarayos, del departamento de Santa Cruz, se arrastra desde hace varios años y afecta a la Reserva Forestal de Guarayos, que pese a contar con disposiciones legales que prohíben todo tipo de asentamientos humanos y actividades agropecuarias para conservar la riqueza forestal, no forestal y las funciones ambientales que prestan estos bosques, se ha convertido en tierra de nadie.

“Es un hecho demostrado que gran parte de las tierras en conflicto del caso Las Londras estaban sobrepuestas a la Reserva Forestal Guarayos, según las pericias técnicas del INRA, Tribunal Agroambiental y otros citados por la Fundación Tierra. Sin embargo, por la dilatación del proceso de saneamiento que llevó como 10 años y donde no se aplicó la ley de manera pareja se vienen generando hechos de violencia como los suscitados en Las Londras”, comentó.

Martínez señaló que las tierras afectadas que han sufrido un proceso de deforestación para las actividades agropecuarias no deberían ser abandonadas. 

“Lo recomendable es ponerlas bajo protección de alguna institución especializada en temas de conservación y restauración de ecosistemas para que puedan regenerarse de manera natural o asistida, en función a estudios o análisis especializados para este tipo de procesos, dada la magnitud de la superficie y que ha perdido sus funciones ambientales, debido al avance de la frontera agropecuaria en este tipo de áreas naturales ricas en flora y fauna nativa”, mencionó.

Explicó que de acuerdo a la Ley INRA 175, el proceso de reversión de tierras forma parte de las atribuciones de esa institución, pero no solo las ocupadas ilegalmente por algunos empresarios, sino también por comunidades, ya sean estas campesinas, interculturales, indígenas.

Tierras en conflicto

Los predios en conflicto se sitúan al norte de Santa Cruz de la Sierra, a 160 kilómetros, en la jurisdicción de El Puente de la provincia Guarayos. Al sur de esta zona, una parte menor se encuentra en el municipio de San Julián de la provincia Ñuflo de Chávez.

Las tierras en litigio abarcan Las Londras, Seis Hermanos, Palo María, La Gaviota, Chaco Perdido, La Muela del Diablo, Las Lúcumas, El Maral, Villa Félix, El Fin del Mundo, Santa Verónica y San Diego, estas últimas son consideradas pequeñas propiedades ganaderas.

Todos estos predios tienen como antecedente en común el expediente agrario 54095 Las Londras, mediante sentencia agraria del 16 de mayo de 1989, otorgado por el extinto Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) a favor de Unagro S.A., con una superficie aproximada de 12.000 hectáreas.

SEPA MÁS

• Al borde del río

El área en conflicto se extiende a ambos lados del río Pailas. El cauce de éste cambia con mucha frecuencia y las inundaciones son comunes.

• Situación legal

Según la ley agraria vigente (Ley 1715 y Ley 3545), estas tierras están en proceso de saneamiento desde hace unos 10 años, lo que significa que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sigue realizando trabajos técnicos y jurídicos para determinar si corresponde otorgar títulos agrarios de propiedad a las partes interesadas o demandantes.