La justicia admite acción popular por presos políticos y fija audiencia
La Sala Constitucional Segunda de la ciudad de La Paz admitió la acción popular por presos políticos que presentó el asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el abogado de los perseguidos políticos en Bolivia, Jorge Valda, el 22 de abril, como último recurso para “recuperar la justicia”.
La Sala Constitucional fijó la audiencia pública, de forma virtual, para la consideración de la citada acción de defensa, para el jueves 26 de mayo a las 9:00, según la notificación.
“La sala constitucional ha dispuesto admitir la acción popular para llevar adelante una audiencia en la que se confiará el pedido de reformar la situación jurídica de los presos y perseguidos políticos a través de la realización de la auditoría jurídico-forense de sus casos”, dijo Valda.
Añadió: “Se ha considerado y admitido la participación en calidad de tercero interesado de Amparo Carvajal en representación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, de organismos de lucha y denuncia contra la violación de los derechos humanos como la Global Human Rights, los defensores del pueblo por Bolivia, la Asociación de Defensores de Presos y Perseguidos Políticos e inclusive se ha reconocido la participación de los comités cívicos que quieran participar como representantes de la ciudadanía”.
Esta acción popular fue presentada por Valda el 22 de abril ante los vocales del Tribunal Constitucional de La Paz. La misma busca que la justicia constitucional “ordene, delegue y entregue” la posibilidad de que la reforma judicial en el país esté a cargo de notables juristas (nacionales o extranjeros) y no así de un órgano político como la Asamblea Legislativa o el Órgano Ejecutivo.
Asimismo, indicó que existe un riesgo para la salud, integridad y la vida de los privados de libertad, que, por razones políticas, son sometidos a detenciones preventivas como un castigo o una pena anticipada, aspectos que también fueron revelados en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Relator del Alto Comisionado y un último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“No puede continuar la injerencia de un ministerio de Gobierno, de la Presidencia o de Justicia, reformando o direccionando como deben llevarse adelante las causas. También se ha establecido que se debe generar una responsabilidad de la institución, sobre todo del Régimen Penitenciario, para brindar seguridad y garantizar el derecho a la salud y la vida de los internos, estos extremos son los que van a debatir el 26 de mayo”, señaló Valda.
Esta acción popular señala como víctimas del sistema judicial a unas 78 personas, en su mayoría vinculadas al gobierno de Jeanine Áñez y la crisis política poselectoral de 2019.
Figuran los nombres de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc, quien falleció tras haber sufrido violación de sus derechos humanos a los que fue sometido durante los siete años preso.
También está Elvira, exdirectora del Fondioc, ahora la única detenida por el desfalco.
Víctimas del sistema judicial
Entre las personas señaladas por el asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el abogado de los perseguidos políticos en Bolivia, Jorge Valda, figuran como víctimas de tortura: Mario Bascopé, integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC); Marco Antonio Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), y la expresidenta Jeanine Áñez.
Asimismo, la exministra de Salud María Eidy Roca; los miembros de la RJC Milena Soto, Jaime Maldonado, Jassir Molina y Fabio Bascopé; el exdirector de Migración del gobierno transitorio Marcel Rivas, y los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, entre otros.
