Santa Cruz refuerza puntos de bloqueo en carreteras y exigen la liberación del Gobernador
Santa Cruz amaneció con diversos puntos de bloqueo en las carreteras que conectan a Santa Cruz con el occidente del país, sectores sociales, universitarios y cívicos reforzaron esas acciones para exigir la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, que se encuentra encarcelado en el penal de Chonchocoro.
La carretera bioceánica, a la altura de Pailón se instaló un punto de bloqueo, el subgobernador de la provincia Chiquitos, Alejandro Quezada, indicó que este tramo estará cerrado de forma indefinida tal como lo determinó la población del lugar.
"Nosotros hemos venido a apoyar la medida de presión, en este lugar se instaló un punto de bloqueo por la convocatoria del pueblo. Es un rechazo a la injusticia y secuestro del gobernador. El bloqueo es de forma indefinida, no habrá circulación y pedimos a la población que tomen sus recaudos", precisó.
El pasado viernes, tras la culminación del paro de 24 horas, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, pidió mantener los bloqueos en las carreteras interprovinciales y la vigilia pacífica en las instituciones públicas, como medida de presión ante la detención del gobernador Camacho.
En la doble vía La Guardia, a la altura del kilómetro 13 existe un segundo punto de bloqueo que fue reforzado por los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), hecho que fue ratificado por el vicerrector de esa institución, Reinerio Vargas.
"La asamblea determinó que mientras no se restituya el estado de derecho y el gobernador no sea devuelto, vamos a seguir en las calles", señalo.
Sobre la carretera Santa Cruz - Cochabamba, en el municipio de San Carlos, los vecinos del Norte Integrado instalaron un bloqueo y se aguardan las medidas a decidir por las autoridades cívicas.
El cívico Calvo, ayer, se trasladó hasta el municipio de San Carlos para apoyar a la población que participa en la protesta, a quienes también pidió resguardar las instituciones públicas y protegerlas para que "no se sigan inventando casos" contra la población cruceña.
