A días del plazo, asambleístas buscan proyecto conjunto para las judiciales

Tras más de una semana de no avanzar en un consenso para viabilizar las elecciones judiciales, ayer el Senado promovió la instalación de una mesa técnica para acordar un proyecto que sea aprobado por dos tercios. El MAS plantea 120 días para la preselección y elección y Comunidad Ciudadana (CC) propone una ruta crítica que ya no es aplicable.

En el pleno de la Cámara de Senadores, ayer se dio lectura al proyecto de ley del oficialismo para su consideración, pero con el afán de buscar un consenso y compatibilizar con las propuestas de la oposición, se determinó un cuarto intermedio para trabajar un documento final. No hay fecha ni hora para el retorno a sesión.

Propuesta del MAS

El proyecto del Movimiento Al Socialismo (MAS) contempla 53 artículos sobre los requisitos, la convocatoria, el proceso de preselección, entre otros.

Respecto al plazo, se establece que la postulación y preselección de postulantes tendrá una duración de hasta 30 días calendario.

La organización y la votación popular que debe llevar adelante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se definen en 90 días calendario.

Ante la fatalidad de los plazos y con la finalidad de llevar adelante este proceso, en el proyecto se propone que la vacación judicial se inicie el primer día hábil de enero de 2024, aspecto que presumiblemente evitaría un vacío en el sistema.  La calificación para pasar al proceso de preselección será 71 puntos.

“Excepcionalmente, a la falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue al cupo de igualdad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación”, se señala en el proyecto.

Oposición

En su documento, Comunidad Ciudadana (CC) plantea que las comisiones mixtas encargadas de este proceso califiquen los méritos verificando únicamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes generales y específicos.

También se propone anular los exámenes y la entrevista. Para el efecto, plantea una ruta crítica para que se llegue a los comicios judiciales.

Consenso

Además de consensuar la redacción del proyecto de ley, los legisladores deben garantizar que la futura normativa sea aprobada con el respaldo de los dos tercios de los senadores, tal como determina la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, del 31 de julio, que declaró inconstitucional la segunda convocatoria y el reglamento del proceso de preselección.

El Legislativo trabaja contra reloj, en virtud de que el TSE señaló la necesidad de recibir la lista de los candidatos preseleccionados hasta el próximo lunes 4 de septiembre.

Divergencias en Creemos

El senador por Creemos, Henry Montero, afirmó que para una posible alianza política se dialogará con base en la meritocracia y la despolitización del proceso de preselección para tener autoridades independientes en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.

En tanto, el jefe de la Bancada Nacional de Creemos, Leonardo Ayala, indicó que el MAS prepara una “ley trucha o un decretazo” para ampliar el mandato de sus magistrados.

Plantean designación transitoria como opción

Pese a los intentos, varios actores políticos desahuciaron el proceso, por lo que surgen una serie de propuestas, entre ellas el “nombramiento transitorio de las altas autoridades del sistema judicial”. En su proyecto, el diputado Gabriel Colque (MAS) señala que esta propuesta tiene por objeto “garantizar que no exista vacío de poder en el Órgano judicial y el Tribunal Constitucional”.

“Se debe considerar la probabilidad de que estas elecciones por causas ajenas a nuestra voluntad legislativa no se lleven a cabo en esta gestión”, justificó el diputado oficialista.

“El nombramiento será a las personas públicas más notables en el área jurídica especializada, por simple mayoría de la Asamblea Legislativa. Las nominaciones podrán hacer las universidades públicas”, indicó.

Además hay otras sugerencias, como el recorte de tiempos para llegar con tiempo a los comicios judiciales.

Las discrepancias entre el oficialismo y la oposición provocaron el naufragio, el 10 de agosto último, de la mesa técnica.