Arce entrega el poder sin muertos por represión estatal y una democracia que resistió al golpe
El 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce recibió la banda presidencial en medio de una Bolivia fracturada, asumió un mandato explícito que el pueblo le había confiado con el 55,11% de los votos: recuperar y preservar la democracia tras la ruptura del orden constitucional de 2019.
Cinco años después, cuando entregue el mando a Rodrigo Paz el próximo 8 de noviembre de 2025, dejará un legado que trasciende las obras materiales: ningún boliviano murió por represión estatal durante su gestión.
La administración de Arce resistió más de 7.000 conflictos sin recurrir a las balas.
Es un hecho verificable que define su presidencia, tanto como las carreteras construidas o las plantas industriales inauguradas.
El gobierno más asediado
Los números hablan por sí solos. Según el documental "Crónica del gobierno más asediado desde la recuperación de la democracia", de Bolivia TV, la administración del presidente Arce enfrentó 2.487 conflictos en 2021, 3.162 en 2022, 1.813 en 2023 y 1.350 en 2024.
No fueron protestas esporádicas ni manifestaciones pacíficas. Fueron bloqueos que paralizaron ciudades enteras, paros que cortaron el suministro de alimentos, marchas que exigían su renuncia y, finalmente, un intento de golpe de Estado militar que pudo haber terminado en masacre.
Las protestas más prolongadas marcaron hitos de resistencia. En 2022, los cívicos cruceños mantuvieron un paro de 36 días exigiendo adelantar el Censo de Población y Vivienda.
En 2023, 2024 y 2025, Evo Morales organizó bloqueos que duraron semanas, paralizando carreteras estratégicas para presionar por su habilitación como candidato presidencial.
En medio de todo esto, el bloque disidente que responde a Evo Morales y la oposición de derecha se unieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para bloquear la aprobación de créditos internacionales, cortando las vías de financiamiento del gobierno.
Desde 2023, más de $us 1.800 millones en créditos quedaron retenidos en el Legislativo.
La intención era clara: estrangular económicamente al gobierno para forzar su caída o, al menos, convertirlo en un cadáver político que llegara moribundo al final de su mandato.
El sabotaje parlamentario se tradujo en escasez de combustibles, presiones sobre el tipo de cambio del dólar y dificultades para importar insumos esenciales.
Pero Arce no cayó. No renunció. No huyó. Tampoco disparó.
El 26 de junio: cuando los tanques llegaron a plaza Murillo
El punto más crítico llegó el 26 de junio de 2024. Aquella tarde, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, acompañado de militares encapuchados, tanquetas blindadas y vehículos artillados, tomó la plaza Murillo, el centro neurálgico del poder político boliviano.
Las imágenes parecían sacadas de los archivos históricos de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta. Militares armados, blindados ocupando calles, la democracia suspendida por la fuerza. Pero esta vez, el desenlace fue diferente.
Cuando Zúñiga intentaba ingresar al Palacio de Gobierno, contiguo a la Casa Grande del Pueblo, se encontró con Luis Arce esperándolo en la puerta. No había huido. No había negociado.
Estaba ahí, enfrentando personalmente a los golpistas. Detrás de él, el vicepresidente David Choquehuanca y miles de ciudadanos que habían salido a las calles para defender la democracia.
El documental del canal estatal revela detalles inquietantes sobre la conspiración. Militares y civiles vinculados con la oposición política y exfuncionarios de la legación de Estados Unidos habrían coordinado el operativo.
Se movilizaron vehículos y armamento siguiendo un manual sobre operaciones urbanas elaborado a partir de las "falencias militares" en los hechos de octubre de 2003, cuando murieron decenas de bolivianos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
Más inquietante aún: Evo Morales alertaba minutos antes del inicio del operativo golpista sobre movimientos militares. Su exministro Juan Ramón Quintana reveló días después que conocía del traslado de tanquetas al Estado Mayor del Ejército con anterioridad.
Las preguntas sobre quién sabía qué y cuándo siguen sin respuesta definitiva.
Lo que sí está claro es que Arce no permitió que se consumara el golpe. Cambió el mando militar, desactivó la intentona y procesó a los responsables.
Y lo más importante: no hubo muertos. Ni un solo boliviano cayó ese día bajo fuego de las fuerzas de seguridad.
La unidad como blindaje
"Lo importante de esto es rescatar un factor que hoy en día el pueblo boliviano tiene que internalizarlo: hemos enfrentado difíciles momentos, como es un golpe de Estado, y cuando enfrentamos todos una amenaza al pueblo boliviano, una amenaza a la patria, hay un factor que es fundamental para vencer, y ese factor fundamental es la unidad", afirmó Arce tras ver el documental sobre el 26 de junio.
La unidad de la que habla no fue solo entre sectores afines. Fue también la decisión de no responder con violencia a la violencia.
Los militares golpistas movilizaron armamento y seguían un plan que incluía "seguimiento a autoridades". Estaban preparados para escenarios de confrontación. Pero Arce no les dio esa batalla.
Choquehuanca recordó que ese día decidieron "estar junto al pueblo” y asumir todas las consecuencias que represente la defensa de la democracia.
“Estábamos dispuestos a todo para defender a nuestro pueblo y la democracia", dijo.
Esa disposición a "todo" no incluyó disparar contra manifestantes, golpistas o bloqueadores.
Incluyó resistir sin recurrir a la represión letal.
El boicot legislativo y las largas filas
El golpe militar fallido no fue el único intento de derrocar o acortar el mandato de Arce. El boicot parlamentario resultó más efectivo para desgastar al gobierno. Durante más de tres años, la administración enfrentó trabas sistemáticas en la aprobación de proyectos de ley destinados a financiar obras y programas de desarrollo.
La consecuencia más visible fueron las largas filas de vehículos en estaciones de servicio. YPFB importa el 100% de la demanda del mercado nacional de combustibles, pero sin acceso a créditos para comprar divisas, las importaciones se complicaron.
El evismo y la oposición habían calculado que la escasez de gasolina y diésel erosionaría el apoyo popular al gobierno hasta hacerlo inviable.
Sin embargo, a pocos días de terminar su mandato, la Asamblea aprobó varios créditos por miles de millones de dólares que había bloqueado durante años.
Para el Ejecutivo, esto confirma que hubo "boicot y sabotaje" deliberado.
"Se está allanando el camino para el próximo gobierno", señaló Arce con ironía, aunque expresó dudas sobre el cumplimiento de las promesas del nuevo gobierno de Rodrigo Paz.
"Dudo que el día de mañana cumplan las promesas que le hicieron al pueblo boliviano", sentenció.
El tiempo demostrará si tenía razón. Lo que ya está demostrado es que el bloqueo de créditos perjudicó directamente a la población boliviana, no solo al gobierno.
