Defensoría reporta 8 muertes en cárceles en los primeros 34 días del año
La Defensoría del Pueblo informó este martes que, en lo que va del año, se han registrado ocho muertes violentas en cárceles del país, lo que genera "una alta preocupación", ya que el año pasado se reportaron nueve en total.
"Esta cifra llama profundamente la atención ya que durante toda la gestión 2024 ocurrieron nueve muertes violentas, y en los primeros 34 días del 2025 ya se tienen ocho muertes violentas, lo que representa un incremento alarmarte en las cifras", indica la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.
La situación aún es más preocupante, detalla la Defensoría del Pueblo, porque existe la agravante de una muerte por arma de fuego que marca un hito negativo en temas de seguridad en las cárceles, que puede generar mayor violencia si no se toman medidas contundentes y oportunas.
El 2 de enero se reportó el fallecimiento de una persona privada de libertad en el Centro Penitenciario de Morros Blancos (Tarija) por apuñalamiento, el 3 de enero se conoció el fallecimiento de un reo en el Centro Penitenciario de Chonchocoro (La Paz), también por apuñalamiento, el mismo día se conoció de la muerte de otro en CERPROM (Montero - Santa Cruz) de manera violenta; el 12 de enero se registró un hecho de feminicidio/suicidio en el penal de Palmasola (Santa Cruz) con dos fallecidos.
Mientras que el 26 de enero se reportó la muerte de un preso por impacto de arma de fuego en Chonchocoro (La Paz); la noche de ayer, 3 de febrero, se conoció de la muerte de dos personas privadas de libertad en el penal de Chonchocoro (La Paz); por heridas punzocortantes, sumando un total de 8 personas fallecidas de manera violenta en el territorio nacional.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno para que a través de las instancias competentes (Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario) asuma acciones prontas y favorables con el fin de optimizar los sistemas de seguridad y control en los recintos penitenciarios en el país.
Además, demandó que ajuste sus acciones a estándares internacionales que permitan el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado como garante de los derechos humanos.
La institución defensora de los derechos de los bolivianos indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en reiteradas sentencias que "el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas".
Entre tanto, el Derecho Internacional establece obligaciones de prevenir e investigar muertes en custodia, a la vez que los estándares internacionales sobre este tema son fundamentales para proteger los derechos humanos y garantizar que las autoridades estatales actúen de manera responsable y transparente en situaciones de detención.