Pese a la ratificación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la manipulación dolosa de datos en las elecciones de 2019, la Fiscalía General del Estado dio por cerrado el debate sobre el tema, negó que el estudio sea vinculante, lo calificó de “político” y sólo tomará en cuenta la investigación que encargó a la Universidad de Salamanca.