Fiscalía dice que su pericia es “definitiva” y que la OEA busca “conflictividad”
El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, aseveró este jueves que el pronunciamiento de la comisión de fiscales sobre el caso fraude electoral “es definitivo” y que el comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre este caso es extemporáneo” y “pretende llevarnos a la conflictividad”.
El funcionario del Ministerio Público se refirió al comunicado de la OEA en el que el organismo ratifica que en las elecciones de octubre de 2019 hubo “manipulación dolosa” para favorecer al entonces candidato del MAS, Evo Morales.
“La OEA pretende llevarnos a un campo de conflictividad, con un pronunciamiento que se desconoce la autoría, es un actuar irresponsable desde nuestro punto de vista”, dijo Quispe a Unitel.
El Secretario General ratificó que la fiscalía “no va a entrar en debate ni pronunciarse sobre documentos que no tengan base técnica y menos sean elementos o argumentos susceptibles de contrastar con elementos materiales que den cuenta de la veracidad o no del pronunciamiento”.
Aseveró que el Ministerio Público dejará que los temas políticos se ventilen por esa vía y que la institución se concentra en el “área técnico jurídico y procesal”.
“Ya existiendo un pronunciamiento definitivo de la comisión de fiscales cualquier otro documento es extemporáneo y sobreviniente. Desde el formato jurídico procesal no corresponde realizar ningún tipo de valoración”, indicó.
Aseveró que el informe preliminar de la OEA “no tenía los componentes técnicos” y que por ello se solicitó la pericia al Grupo Bisite de la Universidad de Salamanca, que, en su informe final, no encontró “manipulación de resultados”, aunque sí halló graves fallas.
Señaló que el análisis de la consultora española cumplió todos los requisitos sobre “puntos periciales específicos”.
La OEA, en su comunicado, señaló que la pericia de este grupo español fue “deficiente” y “contradictoria” y “no integral” y que no se realizó en el campo, sino solo con datos entregados por la fiscalía.
Sobre el carácter vinculante del informe de la OEA, Quispe aseveró que no hay “ningún tratado” que obligue al Estado a cumplir la auditoría vinculante y que el requerimiento que hizo el estado para ese estudio en 2019 “fue en el ámbito político” y no jurídico.
