Vanos son los intentos de allanar el proceso de preselección de candidatos para los altos cargos judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque ni la sanción de la Ley 363 para garantizar el proceso, destrabó el proceso y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se toma su tiempo para emitir la resolución de una acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por el diputado Fabián Ayala, contra la convocatoria y reglamento que se aplicaba este proceso. El documento sancionado no será promulgado por el Ejecutivo hasta que el TCP de una definición.