Afectados con deudas en Tiquipaya, en incertidumbre por pagos y seguro

Las familias afectadas en Tiquipaya se resisten a una reubicación de sus viviendas y muestran preocupación por las deudas con las entidades financieras que hasta la fecha no se pusieron en contacto con los damnificados.

Algunas familias accedieron a préstamos de hasta 70 mil dólares para cubrir la construcción de sus viviendas que quedaron destruidas o dañadas tras el paso de la mazamorra.

“Nos hemos prestado como 70 mil dólares, qué va a pasar con esas deudas, nosotros estamos pagando, hemos mandado notas al Banco Unión para que puedan considerar (la situación), pero hasta la fecha las aseguradoras no han podido hacer las inspecciones, pese a que la cláusula del contrato dice que tenemos seguro”, explicó Nancy Villagómez. Agregó que se acogió a un préstamo para vivienda social y a la fecha debe más de 60 mil dólares.

Los afectados mencionaron que al ser favorecidos con préstamos, las construcciones son legales y cuentan con documentación actualizada. “Mi hija tiene un préstamo por la casa y ustedes saben que en el banco exigen todo legal, por tanto aquí tenemos todos los documentos”, aseguró Mercedes Lara, quien perdió a su esposo durante la mazamorra. La primera planta de su casa se encuentra aún enterrada.

Propietarios de las viviendas ubicadas en la urbanización Moore, en Juvenal Chilimarca, dijeron que respetaron la franja de seguridad y que sus planos fueron aprobados por la Alcaldía. La normativa nacional exige un mínimo de 25 metros de franja, mientras la ley municipal exige 100 metros en zona urbana y 150 sobre la cota a lo largo del río Taquiña.

Según los vecinos de la urbanización Moore, las viviendas se encuentran a más de 100 metros del encauce y rechazan la posibilidad de ser reubicados.

“Pienso que lo que he comprado es lo que han admitido las autoridades, no puedo irme de aquí, cómo voy a perder algo donde la misma ley me ha hecho pagar”, protestó José Tapia, quien adquirió su terreno en 2007.

El subalcalde del Distrito 5 de Tiquipaya, Gustavo Vargas, insiste en que todas las viviendas son legales. Sin embargo, las autoridades departamentales advirtieron que existían viviendas en zonas ilegales, pero no precisaron mayor información.

Las familias damnificadas argumentan que desconocen las condiciones bajo las que se ejecutará un posible traslado. “Yo he invertido al menos 30 mil dólares en el terreno y otros 80 mil en la construcción, es mucho dinero, quién me va devolver ese monto. Yo no me voy de aquí. Si fuera que nos cubran todo, uno aceptaría, pero no creo que sea así”, dijo otra de las afectadas, Celestina Serrano.

Contaban con servicios

Por otra parte, los vecinos mencionaron que contaban con los servicios básicos de agua potable y gas al ser construcciones legales.

“Tenemos registros en derechos reales y también teníamos todos los servicios”, dijo Celestina Serrano. Agregó que se acordó que, en caso de ser reubicados y no resarcir daños, tomarán medidas de tipo legal.

Sin embargo, los vecinos apuntaron que existen viviendas cercadas al río que carecían de servicios básicos y que por tanto, “podrían ser ilegales”.

La Alcaldía de Tiquipaya y la Agencia Estatal de Vivienda realizan un censo de la situación legal y física de las casas afectadas.

DATOS

Canelas advierte sobre viviendas en zonas ilegales. El gobernador, Iván Canelas, manifestó el pasado martes que las viviendas deben ser reubicadas a predios “legales” y no sobre franjas de seguridad de ríos o torrenteras.

Aiseme identificó irregularidades. El presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos (Aiseme), Gonzalo Maldonado, consideró que hubo negligencia al momento de aprobar la mancha urbana y que primaron los intereses políticos.

No se respetaron las franjas de seguridad. El pasado 15 de febrero, el secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Gonzalo Muñoz, indicó que existen franjas de seguridad de 25 metros pero que éstas no fueron respetadas y que existen viviendas ilegales.

Presidente de D5 recalcó franja de seguridad. El presidente del Distrito 5 de Tiquipaya, Raúl Nogales, recalcó que existen 100 metros de franja de seguridad bajo norma municipal y que eso se respetó.

Subalcalde de Distrito 5 defiende “legalidad”. El subalcalde del Distrito 5, Gustavo Vargas, manifestó que las viviendas de esta zona son “legales” y que se encontraban dentro de la franja de seguridad de 25 metros desde el encauce del río.

SE DAN UN MES DE PLAZO PARA VERIFICAR LEGALIDAD

El presidente del Concejo Municipal de Tiquipaya, Saúl Torrico, informó que luego de una reunión con la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) se definió un mes de plazo para verificar la situación legal de los domicilios afectados.

“Se ha determinado que, para poder encaminar alguna ayuda, la primera condición es que los afectados muestren su derecho propietario”, recalcó. Agregó que aquellas viviendas que carezcan de documentación o se encuentren dentro de la franja de seguridad “no podrán ser consideradas”.

En tanto, el secretario de planificación del municipio de Tiquipaya, Iberth González, apuntó: “Además del derecho propietario se debe verificar el permiso de construcción”.

Manifestó que a la fecha se avanzó con el censo de daños y situación de las viviendas. Sin embargo, se espera lograr la totalidad de datos para identificar las viviendas ilegales.