Siete senadores norteamericanos afirman que el Gobierno de Bolivia comete violaciones a los derechos humanos
Siete senadores norteamericanos pertenecientes al Partido Demócrata, incluido el excandidato presidencial Bernie Sanders, denunciaron hoy al Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez por lo que consideraron “violaciones a los derechos humanos y civiles” y la búsqueda de “venganza contra sus oponentes y perpetuarse en el poder”.
Los senadores enviaron una carta al Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en el que hacen un recuento de los supuestos excesos cometidos por las autoridades durante los ocho meses de gestión de la presidenta Áñez, desde las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba hasta las presiones y amenazas de juicios contra la presidenta del Senado, Eva Copa.
Algunos de los senadores firmantes son muy influyentes, como el mencionado Sanders, además de Tim Kaine, excandidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton, y Patrick Leahy, decano del Senado norteamericano (senador de más antigüedad). Los otros firmantes son Christopher Murphy, Benjamin Cardin, Chris Van Hollen y Edward Markey.
“Nos preocupa cada vez más el creciente número de violaciones de los derechos humanos y recortes de las libertades civiles cometidos por el Gobierno interino de Bolivia. Estos comenzaron poco después de que el Gobierno interino llegara al poder en noviembre pasado cuando Evo Morales renunció en medio de protestas generalizadas y presión de los militares”, dice la misiva, traducida por Brújula Digital.
Los firmantes agregan que los “informes de abusos se han acelerado recientemente con acciones, a menudo enmarcadas como respuestas a la pandemia ocasionada por la Covid-19, que sirven para intimidar y socavar a los adversarios políticos del Gobierno interino”.
Los senadores exigen también que el Gobierno de EEUU presione con más firmeza al de Bolivia para evitar que se sigan produciendo esas supuestas violaciones a la ley “y las inquietantes acciones” de la administración de Áñez.
Durante los 14 años del gobierno de Morales, caracterizados por excesos y abusos, este tipo de protestas fueron muy inusuales y en general no se criticó al régimen, pese a sus evidentes intentos de eternizarse en el poder. Ahora la situación ha cambiado, probablemente debido a que Áñez no es una presidenta surgida de las urnas.
“El cuasi silencio en relación con los recientes acontecimientos en Bolivia contrasta con el enfoque (que se da) a países como Venezuela, donde la administración ha condenado con razón y de manera constante las violaciones de los derechos humanos”, dice el texto.
Según el análisis de los senadores, el Gobierno se ha excedido en su función original, que se limitaba en llamar a las elecciones y “ha buscado venganza contra sus oponentes políticos y perpetuarse en el poder”.
Recuerda que Áñez prometió que no se presentaría a las elecciones como candidata, pero que luego lo hizo, generando un aumento en la polarización del país y “aumentando los riesgos de conflicto político y violencia”.
El texto agrega, en ese sentido, que la gestión de Áñez debe dejar de lado sus intentos de posponer las elecciones y agrega que “cualquier intento" en ese sentido debe "oponerse enérgicamente”.
También los firmantes hacen una fuerte crítica a lo que ellos denominan “intentos militares de intimidar al Legislativo de Bolivia”. Expresan que “la reciente decisión del Ministerio de Defensa de presentar cargos penales contra la presidenta del Senado, Eva Copa, representa un grave ataque tanto a las normas legales como al único cuerpo democráticamente elegido que queda en el país”.
Tras la caída de Morales, asegura la nota, las protestas fueron reprimidas por uniformados, ocasionándose 36 muertos, 833 heridos y 1.504 detenidos. También recuerda las muertes producidas en Senkata y Sacaba, donde murieron dos decenas de personas.
“La mayoría de estos actos ocurrieron bajo un decreto presidencial, que Áñez fue presionada más tarde a revocar, que concedieron inmunidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en la represión. Más de seis meses después, el Gobierno aún no ha realizado una investigación seria sobre estas muertes y lesiones”, dice.
Finalmente se establece que en abril y mayo el gobierno puso en vigor decretos supremos que establecieron que las personas que difundan información “generando incertidumbre en la población” con respecto a la expansión del coronavirus podían ser acusadas penalmente y sufrir penas de cárcel de hasta 10 años. Ello es inaceptable, aseguran los legisladores norteamericanos. Los decretos fueron revocados poco después.
También se menciona que en abril, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la creación de “ciberpatrullajes” operados por las Fuerzas Armadas, la Policía y su propio personal “para identificar y enjuiciar a los acusados de difundir ‘información errónea’ durante el brote de coronavirus”. Ello, dice la misiva, es una violación a los derechos civiles y humanos de la población, bajo el pretexto de la lucha contra la pandemia.
