El MAS no sólo intensifica la versión del “golpe”, también busca revancha

En este último periodo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y su gobernante, Luis Arce Catacora, intensificaron su estrategia de imponer la versión de que en 2019 hubo “golpe de Estado”, de responsabilizar al Gobierno de Jeanine Áñez de la crítica situación económica del país y castigar a los presuntos responsables de lo acontecido.

Desde el 8 de noviembre de 2020 (asunción del nuevo Gobierno), el nuevamente gobernante MAS y su flamante mandatario desplegaron el discurso de que el Gobierno de Áñez fue “de facto”, pese a que, durante la campaña electoral, Arce reconoció que Áñez fue  “presidenta constitucional”.

En mayo de 2020, en el programa No Mentirás, a la consulta de si Áñez era presidenta constitucional o de facto, el aún candidato Arce respondió “es transitoria constitucional”.

Sin embargo, el día que juró como presidente cambió de parecer y comenzó a llamarla “de facto”, aspecto que es recurrente en la mayoría de sus intervenciones, actos oficiales  u otros.

Esta actitud es cuestionada por constitucionalistas que interpretan que el MAS trata de imponer el relato de un presunto “golpe de Estado” e intentar dejar en la penumbra que en 2019 hubo un fraude electoral perpetrado por el presidente Evo Morales y su entorno, además de desconocer los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varias naciones.

La auditoría de la OEA (solicitada por Evo Morales) realizada entre el 31 octubre y el 4 de diciembre de 2019 (informe preliminar) señala: “Se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final”.

En las actas: alteración y falsificación de firmas de jurados, de significancia. En el procesamiento: manipulación y redireccionamiento de datos a servidores ocultos, haciendo posible la suplantación de actas con participación directa del TSE.

En suma, en palabras de la OEA, las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019 hubo“manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.

Este extremo es negado por las dirigencias sociales y ahora la máxima autoridad, que sostienen que se trató de un gobierno de facto, y de esta manera desconocen incluso lo aprobado por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), dominada por los dos tercios del MAS.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan recuerda que Evo Morales renunció formalmente a la presidencia mediante una carta dirigida a la ALP, que fue leída y aceptada por los legisladores.

En aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE) conforme a los artículos 169.I. y 170, el Reglamento de la Cámara de Senadores, artículo 41, y la Declaración Constitucional No. 003/2001 de 31 de julio de 2001, “validada por sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia del 12 de noviembre 2019”, se abre y aplica la sucesión constitucional al cargo de “presidente interino de Bolivia”, en este caso la senadora Jeanine Áñez. 

La politóloga Patricia Velasco también señaló que la ALP, con los dos tercios del partido de Evo Morales (mayoría parlamentaria), “anuló las elecciones”, “aprobó la sucesión constitucional” y convocó a “nuevas elecciones”.  Estos dos tercios, además, “aprueban la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades, Ley No. 1270, del 20 de enero de 2020”, refiere Velasco.

Ataques al anterior

Durante su investidura en el Legislativo, Arce denunció que hace un año se “escamoteó la voluntad popular” expresada en las urnas e hizo referencia a los números rojos que dejaba el gobierno saliente, que presumiblemente destruyó el modelo económico del MAS.

El 9 de noviembre, en su segundo discurso como presidente, Arce anunció que su Gobierno será “austero” por la difícil situación con la que se encontró durante sus primeras horas como mandatario.

“La situación económica está seriamente herida. Hora que pasa nos informamos de la patética situación en la que vive nuestro Estado Plurinacional”, señaló Arce durante la posesión de sus ministros, a quienes llamó a trabajar para la “reconstrucción” de la economía boliviana.

En la oportunidad, el mandatario volvió a atacar al Gobierno de Áñez y criticó el informe recibido por la comisión de la transición.

El MAS y Arce fueron más allá, porque días después, el 24 de noviembre de 2020, el Ejecutivo envió una carta al Legislativo para sustentar un proyecto de ley, con el discurso de supuesto “golpe de Estado”, en referencia a los hechos de violencia ocurridos en noviembre de 2019 después de la renuncia de Morales e impuso dicha retórica con el uso del rodillo parlamentario del MAS en aplicación de la “suficiente discusión”.

“El periodo constitucional señalado anteriormente fue interrumpido por el golpe de Estado en contra de la democracia, perpetrado por políticos fascistas, que atemorizaron al pueblo boliviano”, se lee en el tercer párrafo de la carta dirigida por el Ejecutivo al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca. No hay una sola autoridad ni parlamentario oficialista que deje pasar una intervención pública sin referirse a la sucesión presidencial de 2019, negando su carácter constitucional y atribuyéndola a la consecuencia de un “golpe”.

Velasco indica que la intención del MAS es hacer desaparecer la memoria del fraude electoral imponiendo la idea del golpe. “Pero no es el único objetivo,  también está la revancha”.

A su vez, el constitucionalista Santistevan menciona que una muestra de la intencionalidad del MAS de desconocer el fraude es el accionar de las autoridades judiciales, que en el Gobierno de Áñez admitieron demandas contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de algunos Tribunales Electorales Departamentales (TED), como el de La Paz, pero éstas no prosperaron. Por el contrario, se está liberando a los presuntos implicados.

En diciembre pasado, la jueza anticorrupción de La Paz Claudia Castro ordenó anular y archivar la investigación por fraude electoral contra Morales y García Linera, denunciados por el expresidente y candidato de la oposición Carlos Mesa.

El fallo también incluye a los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero y otros involucrados.

Pandemia del Covid-19

Ya en enero, el presidente Arce aseguró que su administración tomó medidas oportunas contra el Covid-19 y que se coordinan acciones con las gobernaciones y alcaldías del país “para no repetir los errores del gobierno de facto”.

Así se refirió en ocasión de anunciar la compra de 2,2 millones de pruebas de diagnóstico antígeno nasal y PCR, que permitirán identificar a tiempo la cadena de contagio de coronavirus. Por otra parte, el mandatario sostuvo que el Gobierno Áñez se caracterizó por la “inacción” para enfrentar la pandemia y la falta de gestiones para comprar las pruebas y vacunas.

“El pecado de la gestión del gobierno de facto fue no hacer pruebas a la población para detectar a la persona que estaba con el coronavirus. Por lo tanto, las estadísticas mostraban cifras muy bajas de personas contagiadas porque no había la verificación”, señaló en el acto por el aniversario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”.

Cuestionan cuarentena

Varios son los escenarios en los que Arce Catacora y sus correligionarios atacaron al Gobierno transitorio, pero una de las más recientes fue durante la posesión de Jeyson Auza como ministro de Salud. 

En la oportunidad, el mandatario exhortó a la población aguantar este virus hasta que llegue la inmunización.

“Así como nosotros aguantamos un gobierno de facto y resistido un gobierno de facto hasta recuperar la democracia, hoy nos toca aguantar y resistir el coronavirus y hasta vencer y recuperar la salud del pueblo boliviano”, sostuvo durante el acto de posesión.

Esto generó una serie de observaciones, primero por decir que se recuperó la democracia, cuando nunca estuvo tan cautiva como en los 14 años de gobierno de Evo Morales, según señalan los analistas y políticos de oposición.

Respecto a “aguantar”, muchos refieren que no se puede pedir a los enfermos aguantar hasta que llegue la vacuna y que una de las medidas efectivas para resistir y mantener a raya el coronavirus fue la cuarentena.

Sin embargo, Arce aseguró que con las pruebas queremos “identificar a la gente que tiene coronavirus, pero no para dejarlos morir, queremos aislarlos, medicarlos antes de que ocurra lo peor, no como planteaba el anterior Gobierno de encerrarlos y cuando el tema esté grave llevarlos a terapia intensiva”.

El Presidente también utilizó el anuncio de la compra de vacunas anticovid para atacar a Áñez.

“La vacuna Sputnik V es segura, eficaz y tiene mucha demanda. Lamentablemente el gobierno de facto no mantenía relaciones con los gobiernos ruso, chino, argentino o mexicano. Esta adquisición no hubiera sido posible si el pueblo boliviano no hubiese elegido un gobierno democrático”, aseguró Arce mediante su cuenta Twitter.

En pasadas horas, mediante su cuenta, nuevamente Arce refiere que en “una reunión con el sector transporte de #SantaCruz explicamos nuestras acciones para encarar la crisis económica que nos dejó el gobierno de facto y coordinamos medidas para vencer la #COVID19.

POLICÍA Y FFAA EN LA MIRA DEL MAS

La relación del Gobierno de Luis Arce con las Fuerzas Armadas y la Policía no es de las mejores debido a los hechos de octubre y noviembre de 2019.

En varios actos oficiales, el mandatario les demandó “estar a lado del pueblo y defender la democracia y un gobierno constituido”. En el caso de las FFAA, Arce señaló que los responsables de las muertes en Senkata y Sacaba tienen que responder y que no se puede evadir la justicia.

El Ejecutivo denunció también a 26 efectivos policiales por la quema de la whipala y actos subversivos (motín de 2019).

MESA Y TUTO EN LA MIRA DE LOS JUICIOS DEL MAS

REDACCIÓN CENTRAL

El MAS continúa moviendo las fichas para imponer su versión de “golpe” y dejar en el olvido las irregularidades electorales en las que habría incurrido en octubre de 2019.

El senador del MAS, Leonardo Loza, sugirió abrir procesos para los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, quienes, supuestamente, “avalaron el golpe de Estado” en noviembre de 2019, lo que derivó en la renuncia de Evo Morales a 14 años de gobierno ininterrumpido.

“También llamaron a una convulsión social, a la quema y toma de instituciones, quema y toma de ánforas del voto del pueblo, todavía teniendo la sinvergüenzura de presentar una demanda contra el presidente Evo Morales, contra el hermano Álvaro García Linera y otras autoridades supuestamente por fraude”, sostuvo.

Loza anunció también que la bancada del MAS de Cochabamba iniciará procesos en contra los magistrados que avalaron el presunto “golpe de Estado” en noviembre de 2019. 

“Algunos magistrados lamentablemente han sido cómplices del golpe de Estado. Han avalado el golpe de Estado. Han infringido muchos temas legales y por eso desde el Senado nacional, al menos desde el departamento de Cochabamba que representamos, no lo vamos a dejar pasar. Este tipo de autoridades no han cumplido con la Constitución, el procedimiento y con las leyes. Por eso tendrán que ser sujetos a diferentes procesos”, afirmó.