Aprobación de contratos mineros en el país puede demorar hasta 5 años
No solo la inseguridad jurídica o elevada carga impositiva frena la inversión minera en el país, desde la presentación en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) hasta el debate y análisis en la Asamblea Legislativa, la aprobación de contratos mineros en Bolivia demora hasta cinco años o más.
Esto fomenta a que en el país muchas actividades mineras se ejecuten de manera ilegal y se desaliente la inversión privada en el sector, cuando, en países vecinos, los trámites son más ágiles, señalaron legisladores y analistas mineros.
El diputado Guillermo Benavidez de Comunidad Ciudadana explicó que los trámites se inician en la AJAM y es ahí donde hay muchos problemas por la burocracia, ya que se estima que hay más de dos mil contratos que no se canalizan.
Añadió que en esta gestión se enviaron a la Asamblea unos 400 contratos a la Comisión de Economía Plural y de ahí al Comité de Minería y Metalurgia, en el que se hizo el análisis uno por uno.
"Se han devuelto a la AJAM unos 200, porque estaban en fotocopia simple y sin legalizar. Los contratos que llegaron son de diferentes regiones, de empresas, de cooperativas. Si se aprueban en comisión, pasan a plenaria para aprobación en grande y detalle", indicó Benavidez.
Pero también existen otro tipo de observaciones, por ejemplo, en agosto, la senadora Cecilia Requena de CC informó que 23 contratos mineros fueron rechazados por la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, porque no cumplían con los requisitos que exige la norma, y se pretendía operar en sectores próximos a carreteras, cabeceras de cuenca, vertientes y otros que están restringidas por la Ley Minera 535, reportó ANF.
"El Gobierno ha perdido el control sobre la minería. Un contrato demora en su aprobación cuatro o cinco años y, como están en trámite, una gran cantidad de mineros comienzan a explotar sin que se apruebe el contrato administrativo. Por eso, la minería ilegal es más numerosa que la legal", observó Benavidez.
De esa manera, se perjudica el país, el operador minero que busca explotar de forma legal, se enfrenta a la burocracia y se genera una mala imagen a la inversión.
El analista del sector minero Dionisio Garzón señaló que hay cuellos de botella, no se están aprobando contratos y hay demora de años y a veces ni se termina aprobando. Además, la situación es más dramática si se trata de algún proyecto grande.
Según el experto, en otros países la legislación es más ágil y no siempre la aprobación pasa por el Legislativo, ya que solo se necesita la aprobación de los Ministerios de Minería. "Acá todo contrato debe pasar por la aprobación de Legislativo y no avanza, si es inversión extranjera o si el área de interés está cercana a frontera, peor, no se puede hacer nada", puntualizó.
De acuerdo con Garzón, mucho del potencial en minerales clave en la actualidad está controlado por el Estado. Entonces, cualquier inversionista debe primero hablar en esa instancia y la legislación no es muy favorable con el capital privado.
El último reporte 2022 del Instituto Fraser, Bolivia se ubica en el puesto 52 entre 62 naciones como país atractivo a la inversión privada. Por ejemplo, el régimen impositivo y de regalías disuade la inversión.
