Internet: El 58% de los latinoamericanos consume contenidos pirateados
El 58 por ciento de la población conectada a internet en América Latina consume contenidos pirateados y la mitad no sabe de su procedencia ilegal, afirmó Jorge Bacaloni, gerente regional Antipiratería de Vrio Corp, que es una empresa estadounidense que se encarga de administrar las operaciones comerciales de la filial latinoamericana de DirecTV.
Esta y otras cifras se difundieron en el Summit de Propiedad Intelectual organizado en junio pasado en Argentina por la entidad internacional Latin America Anti-Piracy and Intellectual Property (LAAPIP) con el auspicio de La Liga de España, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, Vrio Corp (DirecTV, SKY Brasil y DGO) y Videocites.
Durante su exposición, Bacaloni mencionó que el robo de los contenidos audiovisuales a las empresas legalmente establecidas a través de acciones criminales como la piratería le está impidiendo a los gobiernos de América Latina la posibilidad de recaudar al menos 1.800 millones de dólares al año en impuestos, particularmente el IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Esta práctica ilegal que ha ido en aumento en los últimos años, también está generando un daño a la sociedad latinoamericana, particularmente a la gente desocupada, puesto que impide la creación de por lo menos 68 mil nuevos empleos dentro de la industria, reveló.
El también presidente de la Alianza contra Piratería de Televisión Paga (Alianza) dijo que la tecnología y sus avances han facilitado el acceso del consumidor a los servicios piratas, ya que incluso, pese al avance que hubo en el marco regulatorio en algunos países de la región, los usuarios no lo ven como un delito, entonces se precisa una aplicación más frecuente de la norma.
Informó que a través de la entidad que regenta, creada en 2013 por un grupo de proveedores de contenido, emisoras de TV Paga y proveedores de tecnología, las compañías productoras de contenido audiovisual vienen trabajando en la región en una articulación con el sector público (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para ir mejorando la lucha antipiratería mediante bloqueos dinámicos, una herramienta que permite la protección de la propiedad intelectual, pero que genera enormes desafíos por la velocidad, masividad y escala en la que operan las redes de robo de contenidos.
“Hay estructuras mafiosas detrás de la piratería audiovisual, que facturan millones de dólares por mes y financian la pornografía infantil, el juego clandestino y el terrorismo internacional. El daño a la economía es irreparable. Es importante la interacción público-privada, pero antes todas las compañías deben cooperar dentro de la industria para buscar soluciones”, expresó Bacaloni citado por el portal ConverCom.
Algunos estudios han corroborado que las estructuras que lideran estos movimientos delictivos, generan ganancias que van hacia otras organizaciones que también llevan a cabo actos ilegales, refiere el gerente regional Antipiratería de Vrio Corp.
“Hay estructuras mafiosas detrás de la piratería audiovisual, que facturan millones de dólares por mes y financian la pornografía infantil, el juego clandestino y el terrorismo internacional. El daño a la economía es irreparable. Es importante la interacción público-privada, pero antes todas las compañías deben cooperar dentro de la industria para buscar soluciones”, manifestó.
Justicia y sector privado
Para el director de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (Ufeic) de Argentina, Alejandro Musso, urgen la necesidad de que el sistema judicial en América Latina trabaje de manera mancomunada con el sector privado y los dueños de los derechos de los contenidos, porque éstos cuentan con una capacidad y calidad investigativa de primera línea ya que poseen recursos tecnológicos avanzados para cumplir esa tarea.
Consideró que ese trabajo conjunto puede ayudar a resolver hasta el 80 por ciento de una investigación con suma celeridad, quedando el 20 por ciento restante en manos de la Fiscalía especializada para accionar rápidamente tareas concretas y contundentes que “conlleven a la realización de allanamientos y el encarcelamiento de responsables”.
Caso boliviano
Por primera vez en más de cinco años, se conoció en Bolivia la apertura de una investigación penal por piratería de contenidos audiovisuales que dio como resultado, el 28 de julio, la aprehensión de una persona acusada de revender servicios de televisión “pirata”.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, el hombre aprehendido se encargada de revender el servicio de Magis TV, una aplicación de streaming que permite tener acceso a cientos de canales en vivo, así como a series y películas, a precios realmente económicos.
En su web oficial, los desarrolladores aseguran que esta app ofrece “contenido de alta calidad” muy variado (deportes, cultura, religioso, música, infantil, noticias, etc.). A simple vista, se parece mucho a Pluto TV, Claro Video u otras plataformas; sin embargo, Magis TV es un servicio ilegal de televisión; en otras palabras, es una aplicación pirata que no tiene los permisos de mucho de su contenido.
La denuncia fue presentada en agosto del año pasado ante el Ministerio Público en la ciudad de La Paz por la empresa dueña de los derechos de los programas y eventos deportivos, entre ellos transmisiones de partidos de fútbol nacionales e internacionales.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) alertó en reiteradas oportunidades sobre los riesgos asociados con el uso de aplicaciones de televisión piratas que invaden ilegalmente los datos personales de los usuarios que contratan estos servicios. La información personal, incluyendo cuentas bancarias, contraseñas y datos de redes sociales, se encuentra en riesgo debido a estas prácticas ilegales.
Efecto de la piratería
La piratería imposibilita la creación de unos 68 mil nuevos empleos calificados en la industria audiovisual en América Latina, la lucha contra este delito continúa siendo una prioridad para el sector y las autoridades de los países de la región.
