El Gobierno usa el sistema judicial y todo el aparato estatal como instrumentos de persecución política contra los opositores, lo cual debilita la institucionalidad democrática en Bolivia, coincidieron dos juristas constitucionalistas.
Mientras el Gobierno endurece la persecución contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidiendo la ampliación de su detención preventiva de cuatro a seis meses y sumando denuncias por supuestos delitos cometidos hace más de 40 años, en seis ciudades capitales de departamento la gente salió ayer a las calles exigiendo la libertad de la autoridad, presa en la cárcel de Chonchocoro.