La Fiscalía va tras los políticos que fueron a la reunión en la UCB en 2019
El Gobierno lleva adelante acciones contra líderes políticos, asesores y otros que participaron de las reuniones de pacificación en noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en las que también participaron la Iglesia y organismos internacionales. El proceso denominado golpe I, por presuntos delitos de terrorismo, sedición, y conspiración, entre otros, es impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Concluido el caso llamado golpe II, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, que culminó con la sentencia de 10 años para la expresidenta Jeanine Áñez, el Ministerio Público reactivó el caso.
“Se ve que esta medida ahora se dirige a los líderes políticos, sus asesores y otros, que posibilitaron la pacificación del país durante la crisis político-social de 2019, en que renunció y escapó Evo Morales”, refirió el abogado Eusebio Vera.
En estas diligencias de la Fiscalía, la pasada semana se constituyó en esta instancia Ricardo Paz, vocero de Comunidad Ciudadana (CC), en calidad de testigo, según la citación.
Para el viernes pasado, se convocó al empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, que no pudo asistir debido a que se encuentra en un tratamiento en Estados Unidos.
Continuando con esta ronda de declaraciones, para hoy está citado el diputado por CC Carlos Alarcón, también en calidad de testigo.
Camacho
En este caso, el ministro de Justicia, Iván Lima, en contacto con medios estatales, señaló que “el que debe ir a prestar su declaración es Luis Fernando Camacho, que tiene que informarle al país, al igual que su padre, cómo arreglaron la situación del país con militares y policías”.
Según Lima, la intención de Mesa y Camacho es crear “un manto de impunidad y buscan volver a que en 2019 hubo un fraude electoral y no así un golpe de Estado. Quieren manipular en términos mediáticos y jurídicos. ¿Por qué digo esto? Porque uno amenaza, increpa y señala que hay un fraude, tiene que presentar su denuncia, y Mesa no lo ha hecho”.
No es la primera vez que el ministro Lima da directrices en los procesos que se desarrollan contra los eventuales opositores; llegó a definir plazos y fechas en el denominado caso golpe II, e incluso indicar la sentencia.
“Es un proceso que no tiene razón de ser. No ha existido un golpe de Estado en Bolivia, por lo tanto, ningún delito conexo como el que se está planteando (terrorismo, sedición), no corresponde, pero lo que se está haciendo es forzar como se lo hizo con el proceso contra la expresidenta”, señaló Vera.
El analista Pedro Portugal señaló que el MAS no descansará hasta tener rendida a la oposición, por lo que continuará con este proceso.
Informe que desconoce el MAS
En junio de 2021, la Secretaría General de la CEB presentó su “Informe - Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020. El documento fue enviado al Papa y al Ministerio Público.
En él se establece que este proceso se llevó adelante a solicitud del entonces ministro de Comunicación de Evo Morales, Manuel Canelas, que el 7 de noviembre de 2019 solicitó a la Iglesia que colaborara en la pacificación del país.
El 8 de noviembre, una comisión de la CEB se reunió con el entonces presidente Evo Morales, quien les pidió insistentemente que publique un llamado a la paz y que salió como “No más violencia en Bolivia”.
