La defensa legal de la expresidenta Jeanine Áñez presentó una demanda internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano, porque se le negó ser procesada en un juicio de responsabilidades por los conflictos en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.
Los expertos señalan que se vulneró el derecho a un debido proceso, a la salud, las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, y que es un proceso con altos componentes políticos