Ortiz dice que el Gobierno usa estrategia para proteger a presidente de YPFB
El senador opositor Oscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social, aseguró hoy que el Gobierno usa una “clara estrategia” para proteger al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá y no involucrarlo en los presuntos hechos irregulares en la adquisición de tres taladros, por 148 millones de dólares, de la empresa italiana Drillmec.
Ayer, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez reveló que el contrato entre YPFB y Drillmec no fue firmado por Achá, sino por el Vicepresidente de esta empresa estratégica. “El contrato firmó YPFB, pero no el presidente Achá; fue el Vicepresidente”, ratificó.
Sin embargo, en un anuncio publicado por Drillmec, en diferentes medios impresos, se asegura que la firma del contrato fue ejecutada por la presidencia ejecutiva de YPFB.
“Una muestra de esta situación constituye la correcta firma del contrato con YPFB y la posterior orden de proceder, decisión expedida por la Presidencia Ejecutiva y que dio el inicio a la fabricación de los tres equipos requeridos en el marco de un proceso ampliamente verificado y fiscalizado por varias instancias administrativas y legales de la propia empresa estatal petrolera boliviana”, señala el comunicado.
“La empresa Drillmec indica que el señor Achá fue quien dio la orden de proceder para la fabricación de los 3 taladros (…). Una vez que se comprueba que Achá dio la orden de proceder, no se puede deducir que él no conocía este tema y que no tiene responsabilidad”, agregó el senador opositor.
En una declaración anterior, Achá aseguró que el proceso de adquisición de las tres perforadoras se hizo con absoluta transparencia y se siguió los “procedimientos de contratación de bienes y servicios en el extranjero”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó el pasado martes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra 15 funcionarios de YPFB y el representante de la empresa italiana Drillmec, Diego Berconci, involucrados en el proceso irregular
Entretanto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que no se descarta ampliar esta investigación, sobre la supuesta adquisición irregular de taladros, a los ejecutivos de YPFB. "No descartamos a nadie y puede ser citado en calidad de investigado o calidad de testigo", advirtió.
A la primera convocatoria para el proceso de contratación se presentaron siete empresas, las ofertas iban desde 120 millones de dólares hasta casi 158 millones dólares. En ésta, Drillmec planteó un precio de 148, 8 millones de dólares y se descalificó a cuatro compañías que propusieron 20 millones menos, con relación a la firma italiana.
Según información proporcionada por senadores y diputados de la oposición, Drillmec no habría cumplido con todos los requisitos que establece el Documento Base de Contratación.
