ONU: observan a Gobierno por trato a personas con discapacidad
En la sesión 16 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (PDC) de las Naciones Unidas se cuestionó ayer al Gobierno de Bolivia por “la violencia y la represión” que se aplicó contra las personas con discapacidad que se movilizaron este año. También se pidió que la delegación que representó al Ejecutivo asuma un compromiso para escuchar las demandas del sector.
La reunión de la Convención se realizó ayer en Ginebra, Suiza. De parte del Gobierno participaron la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y la embajadora ante Naciones Unidas, Nardi Suxo. Por los discapacitados intervino la dirigente Rosemary Guarita.
La relatora especial de la ONU para Bolivia, Silvia Quan-Chang, informó que la represión los movilizados “dejó un número considerable de personas con discapacidades de todo tipo, incluyendo a madres, mujeres y niños, lesionados y heridos y sus demandas sin ser escuchadas”, según un reporte de la agencia ANF que siguió la transmisión de la sesión por Internet.
La relatora especial de Naciones Unidas para Bolivia, Silvia Quan-Chang, puso sobre la mesa del debate la situación de las personas con discapacidad en el país que se movilizaron durante tres meses en la ciudad de La Paz y que no fueron atendidas por el Gobierno de Evo Morales.
“Quiero ahora llamar la atención de la distinguida delegación del Estado parte, debido a que las carencias de recursos económicos que dificulta la implementación de los servicios básicos no deben ser nunca motivo para restringir los derechos de las personas con discapacidad. Particularmente cuando éstas se manifiestan públicamente y demandan que sus derechos sean cumplidos.
Me refiero a la caravana, una movilización de personas con discapacidad que se trasladaron 375 kilómetros desde Cochabamba hasta la ciudad de La Paz y que pretendían ser escuchados por el presidente Evo Morales para solicitar su apoyo con la asistencia de un bono social, para la asistencia de personas con discapacidad que viven en pobreza y pobreza extrema”, sostuvo.
“Este comité tiene información sobre la violencia y represión de la cual fueron víctimas a manos de la Policía de ese país, la que dejó como consecuencia un número considerable de personas con discapacidades de todo tipo, incluyendo a madres, mujeres y niños, lesionados y heridos y sus demandas sin ser escuchadas”, agregó en la sesión que fue transmitida en vivo por Internet y recogida por ANF.
En ese marco, Quan-Chang pidió que la delegación nacional emita un compromiso para escuchar las demandas del sector. “Quisiera escuchar, al finalizar, que existe un compromiso verdadero para escuchar las demandas de las personas con discapacidad pertenecientes a los manifestantes”, enfatizó.
La declaración de Quan-Chang se produjo luego de escuchar en privado el testimonio de la dirigente Rosemary Guarita y de conocer los avances presentados por el Gobierno boliviano respecto a la vida de las personas con discapacidad.
La relatora remarcó que hay un gran avance al haber establecido la Ley 223 de personas con discapacidad, sin embargo, señaló que quedan por cumplir muchas disposiciones establecidas en la norma.
La delegación boliviana estuvo encabezada por la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y la embajadora ante Naciones Unidas, Nardi Suxo.
Velasco expuso los avances normativos, indicando que la “inclusión social de las personas con discapacidad está garantizada, con los servicios de salud, educación, fondos concursables, accesibilidad, rebaja de pasajes y otras acciones afirmativas”. “Son sujetos activos de derechos”, aseguró Velasco.
GUARITA PIDE AYUDA
En la primera ronda de preguntas de la ONU, sobre las violentas jornadas contra los discapacitados, la escueta respuesta que estuvo a cargo de un técnico del Ministerio de Justicia, se señaló que el Gobierno buscó los mecanismos de diálogo con el sector.
Y en un encuentro que no fue transmitido y en el que estaban presentes autoridades del gobierno y representantes sectoriales, la dirigenta de la movilización de los discapacitados de Bolivia, Rosemary Guarita, denunció que su sector ha sufrido una violenta represión de parte de la Policía, exigió que se establezcan responsabilidades por esos hechos y pidió ayuda a la ONU.
La cineasta boliviana, Violeta Ayala, que intervino durante la Convención, relató que ha documentado seis episodios de violencia extrema de la Policía en contra las personas con discapacidad y denunció que ella, su equipo y otros periodistas bolivianos también fueron intimidados por cubrir la protesta.