Sin riesgo

Con parte de los ingresos de la venta de hidrocarburos crearon el Fondo Indígena, ese mismo que usted recuerda no gratamente porque a través de él se perdieron 600 millones de dólares. ¿Cómo? Pues con la aprobación de proyectos que presentaban las organizaciones sociales, comunidades, afines al poder, para producir pero que de pronto también fue para socialización y otros tantos mecanismos que permitieron la corrupción.

Ahora se nos dice que para mejorar el rendimiento de los recursos administrados por las AFPs, aportes de los trabajadores para su jubilación, se prestará a los productores agropecuarios 150 millones de dólares a un interés del 7 por ciento al año. Parece interesante ya que las tasas obtenidas por las administradoras han bajado, a causa de las condiciones de la economía mundial. Eso lleva a que los trabajadores aumenten sus aportes o trabajen más años para jubilarse.

La iniciativa ha tenido la aceptación de sectores duros con la política gubernamental. Comercio exterior y agropecuarios de Santa Cruz por ejemplo, que ven una fuente de recursos para salir de la crisis sin necesidad de mayor compromiso 

La medida está legalizada por el Inc. C del Art. 140 de la Ley 065, algo que debió observarse por los asambleístas de oposición; que sin embargo mantuvieron silencio oportuno.

Quienes pierden con esto son los jubilados actuales y los que se jubilarán en el futuro, ya que con la puesta en vigencia de esta norma verán comprometidos sus ahorros porque nadie les garantiza el retorno de su capital, y tampoco que el monto a utilizarse no sea mayor al 5 por ciento del total de lo acumulado en las AFPs; que pronto pasará a la Gestora Pública que será administrada por el Gobierno sin fiscalización alguna como el famoso Fondioc o el Banco Agrícola que en el siglo pasado enriqueció a muchos.

Los recursos de los bolivianos no son propiedad del Estado, son privados; por tanto son los aportantes los que deben aceptar si se hace ese uso del dinero. Mas nadie les dijo nada. Los opositores callaron y responden con esa actitud a una minoría de la población que será la beneficiada con esa política.

Los agropecuarios agrupados en entidades gremiales se unen al poder de un sistema que repudian, al que criticaron por el uso de las reservas internacionales, al que exigen seguridad jurídica para sus inversiones, pero que no la nombran cuando se trata de dinero de terceros que llegarán pero no se sabe si volverán a la fuente de origen.

Que se busque mecanismos para incrementar la tasa de interés para el dinero de los futuros jubilados nadie critica, se aplaude. Si eso pasa por incrementar el riesgo y con alta posibilidad de pérdida del capital, no se debe aceptar y quienes tienen la posibilidad de hacerlo deberían demandar la inconstitucionalidad del mencionado inciso del Art. 140 de la Ley de Pensiones.

Se autoriza un fondo para prestar dinero a personas que no son dueñas de sus tierras pues el Estado es el propietario, que se dedican a una actividad de alto riesgo, y que por diversos factores quizá se vean imposibilitadas de devolver el monto obtenido para producir.

Si el Gobierno nacional quiere apoyarlos que les dé seguridad jurídica, que otorgue la propiedad de la tierra, que autorice la exportación y que permita la aplicación de la tecnología, como el uso de semillas transgénicas que elevan el rendimiento de los cultivos con disminución de riesgos.

La campaña electoral ya se inició con un apretón de manos con el adversario y recursos de terceros.

El autor es  periodista.