Nuevos hundimientos en el Cerro Rico
El nuevo hundimiento en el Cerro Rico de Potosí pone en evidencia la negligencia gubernamental
Un nuevo hundimiento que en días pasados se ha producido en la cima del Cerro Rico de Potosí ha vuelto a dar actualidad a un tema que desde hace ya muchos años figura en la agenda de asuntos pendientes sin que las autoridades del sector minero den alguna muestra de su real voluntad de enfrentar este problema.
Como se recordará, las noticias sobre el mismo tema se repiten una y otra vez desde el primer hundimiento que se produjo en junio de 2010. A partir de entonces, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha mantenido en alto su voz de advertencia ante la inminente posibilidad de que el Cerro Rico de Potosí termine de colapsar de un momento a otro. Pero, lo ha hecho con tanta perseverancia como inefectividad porque nunca ha logrado que sus llamados de atención sean atendidos por las autoridades gubernamentales. Tampoco han servido los reiterados anuncios sobre el inicio de procesos penales contra funcionarios del Ministerio de Minería por la manera en que eluden su obligación de evitar que se produzca la tan anunciada calamidad.
Algún eco en cambio, pero también sin resultado práctico alguno, lograron esas advertencias ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), institución que, felizmente, tampoco se cansa de advertir sobre el riesgo de que el Cerro Rico deje de existir.
Hay que recordar que hace ya 30 años, en 1987, la Unesco dio al Cerro Rico de Potosí el rango de “Patrimonio Mundial” por su extraordinario valor histórico y arquitectónico y en 2014 lo incluyó en la lista de “patrimonio en peligro debido a la situación de vulnerabilidad y riesgo del colapso de la cima de esa montaña como consecuencia de la antigua exploración minera”.
Tales declaraciones, como ahora se ve, no tuvieron más valor que el simbólico pues no han logrado sensibilizar a los responsables de las políticas gubernamentales. El Ministerio de Minería y Metalurgia, por ejemplo, desde hace muchos años que viene haciendo declaraciones de buenas intenciones y anunciando medidas para imponer su autoridad sobre las 17 cooperativas mineras que se han apropiado de la cúspide del Cerro Rico, pero hasta ahora ha podido más la capacidad de presión de ese poderoso sector que actúa impunemente por encima de las leyes vigentes en nuestro país.
El más reciente hundimiento, que según los dirigentes cívicos potosinos tuvo una magnitud equivalente “a dos canchas de fútbol de salón y una profundidad aproximada de 50 a 60 metros”, tampoco ha sido suficiente para modificar esa actitud. Los dirigentes de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), que se resisten a dejar de explotar la cima del cerro, insisten en negar su responsabilidad sobre los hundimientos y aseguran que si alguien tiene la culpa del desmoronamiento del Cerro Rico no son ellos sino quienes lo explotaron durante “más de 500 años”.
Mientras tanto, las autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), del Ministerio de Minería, de la Gobernación y la Alcaldía de Potosí se mantienen impasibles, como si el asunto no les concerniera. Y la Unesco, vanamente sigue enviando misiones de expertos para que asesoren en la estabilización y conservación de la cumbre del Cerro Rico de Potosí. Misiones estériles pues no hay en Bolivia quién tome en cuenta sus recomendaciones.
