ÁGORA REPUBLICANA
La creación de una nueva narrativa para la reconstrucción democrática de Bolivia necesita datos de la que todos estemos conscientes que son ciertos. Comparto algunos componentes de esa realidad que está costando aceptar.
Somos un país y una sociedad urbana. En el Censo de 1950, la población se distribuyó en 74% rural y 26% urbana. El de 2024, con los ajustes que se están realizando por la tendencia migratoria y el ejercicio del voto en ciudades, arroja un 80% urbana y 20% rural.
De la misma manera que resultaría una irracionalidad negar la vertiente indígena sobre la que se asienta una parte de la identidad boliviana, resultaba un absurdo mantener la negación sistemática de la realidad urbana y mestiza de nuestra construcción social.
¿Qué están esperando las mayorías parlamentarias victoriosas para evitar que el Gobierno derrotado siga cometiendo atropellos? Es verdad que los nuevos parlamentarios no pueden tomar medidas ahora, pero estando elegidos y conociéndose la conformación de las Cámaras, tendrían que establecer las garantías para que no sigan los atropellos y la desinformación de un Gobierno que no previó su derrota ni preparó su repliegue ordenado.
Luego de dos semanas de realizadas las elecciones nacionales, con la tranquilidad de haber contado votos y no cadáveres, como llegó a decir un orate, y con la tranquilidad del deber ciudadano cumplido, podemos verificar algunas evidencias y compartirlas para ver si estamos viendo la misma película.
La confusión ideológica que vivimos está dando lugar a los absurdos más simpáticos.
Para el fundamentalismo “libertario”, son malas palabras: izquierda, comunismo, social democracia, internacional socialista, pareciendo que estamos en las puertas de una guerra santa a muerte entre el profeta y el hereje, bajo la administración de Torquemada.
Cuando renunció y huyó Evo Morales y su gobierno, la solución constitucional se resolvió por la discutida sucesión constitucional en favor de Janine Áñez. Quienes desconocen la legalidad de la solución, desconocen y olvidan voluntariamente la situación de violencia en la que estaba Bolivia y las consecuencias que podría haber tenido un vacío de poder.
Ingresamos a la etapa final de un proceso que la historia deberá evaluar con espíritu muy crítico. En la relación costo/beneficio, cuando la humareda electoral se disipe, deberemos realizar un riguroso control de daños para tener conciencia correcta de la tarea que debemos enfrentar después de 20 años de pruebas complicadas.
El 18 de agosto se inicia un periodo emocionante de nuestra vida en sociedad. Habrán acabado las dudas sobre si las encuestas fueron serias, a dónde se fueron los porcentajes de los indecisos y cómo se iniciará el debate para lograr gobernabilidad en el Legislativo y el Ejecutivo.
La alianza política que gobernará Bolivia desde el 8 de noviembre deberá enfrentar una agenda territorial que no ha sido profundizada en el debate electoral por la existencia de titulares que priorizaron la falta de combustible, la ausencia de dólares, los precios de la canasta familiar y la corrupción.
Las encuestas reiteran dos evidencias: que todavía existe una dispersión del voto en el electorado pues nadie supera el 20% de la opción electoral, y, en segundo lugar, que se está consolidando la opción de crear alianzas para lograr gobernabilidad. Estas dos situaciones confirman lo que se viene repitiendo sobre la calidad de un gobierno de transición los próximos cinco años.