Hortaliceros frenan ingreso de INRA a Albarrancho e investigarán audios

Cochabamba
Publicado el 12/06/2019 a las 0h53

La Unión de Hortaliceros del Trópico (Unihort) frenó, con un recurso de nulidad interpuesto por su representante Carlos Sánchez, el ingreso del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a las tierras de Albarrancho, previsto del 10 al 14 de junio, para regularizar el derecho propietario de 315 hectáreas.   

En el recurso, Unihort pide que el director departamental del INRA, Edwin Almendras, suspenda la etapa de relevamiento de información de campo hasta que se resuelva  la solicitud de nulidad.

Además, presentó una recusación conforme el artículo 56, incisos C y E, de la normativa agraria (Decreto Supremo 29215) por haber indicado que el terreno en disputa “es tierra fiscal”.

El artículo 56 del Decreto 29215 indica: Son causales de excusa y recusación los servidores públicos del INRA. Inciso C) Tener cuestión litigiosa pendiente con cualquiera de las partes interesadas o sus representantes. Inciso E) haber conocido, emitido opinión o adelanto juicio sobre los derechos de las partes en el mismo proceso o trámite en otras instancias, en calidad de funcionario público.

“Este recurso de nulidad ha frenado la inspección que teníamos que hacer, pero no la ha paralizado y nosotros vamos a proseguir”, manifestó Almendras. Siguió: “Ahora nosotros tenemos que resolver este recurso, vamos a proceder a programar nueva fecha y hora para hacer el ingreso”.  

Además, el director del INRA reiteró que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del 1 de abril, confirmó la tutela de las tierras de Albarrancho a favor de los Olmedo y tres organizaciones del trópico, mas no así la propiedad de los mismos.

Señaló que a nivel nacional están buscando alternativas legales para rechazar los recursos de nulidad que pudiesen presentar más adelante las otras organizaciones  que están  en Albarrancho. Recordó que las medidas precautorias prohíben seguir construyendo.

El conflicto por las 315 hectáreas de Albarrancho se intensificó en los dos últimos meses entre Unihort, el grupo Olmedo y otros dos sindicatos del trópico con los pobladores de la zona que piden la dotación de las tierras que en 2014 fueron declaradas fiscales, pero que ahora deben someterse a un nuevo saneamiento.  

Las 315 hectáreas son ocupadas por tres sindicatos del trópico: la Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical, la Central de Colonizadores Ivirgarzama y la Unión de Hortaliceros del Trópico.

Acción popular

Por otro lado, el director del INRA indicó que a través de una solicitud de fundamentación a la jueza de Ivirgarzama, Olga Rojas ,se dejó sin efecto la conminatoria al INRA y a los demandados de cumplir con la resolución de acción popular de fecha 30 de noviembre de 2018. Manteniendo sin cambios las demás disposiciones de la resolución del 13 de mayo y del 30 de abril de 2019.

Caso audios

El director del INRA señaló que la Fiscalía aceptó la denuncia realizada por la directora de Asuntos Jurídicos, Vania Cora, el pasado 27 de marzo, en base a los audios que destaparon una presunta red de tráfico de influencias, integrada por los interesados en las 315 hectáreas de tierras en Albarrancho y autoridades a las que se contactó para hacer el cambio de uso de suelo.

“La denuncia ha sido admitida, se encuentra en la etapa preliminar, el Ministerio Público está encargado de  la investigación”, dijo Edwin  Almendras.

 

UN CONFLICTO CON VÍCTIMAS Y NEXOS

A partir del primer enfrentamiento que se desató este año en Albarrancho por la tutela de 315 hectáreas, tres personas resultaron heridas, una con dinamita y dos con impacto de armas de fuego.

El INRA Cochabamba gestiona el ingreso a las tierras de Albarrancho desde hace un mes y medio, luego de atender 54 recursos interpuestos por los sindicatos del trópico y el grupo Olmedo.

Por otro lado, se investiga la posible existencia de una red de tráfico de influencias para otorgar la propiedad de 315 hectáreas a los sindicatos y el grupo Olmedo, luego de que salieron a la luz audios en los que los interesados, abogados y personas conversan acerca de contactos que tienen en la justicia. La denuncia fue admitida por el Ministerio Público.


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