Acuerdo de paz con las FARC tal vez no cuente con el apoyo de los votantes

Andres Schipani y Lucinda Elliott

La opinión pública está dividida sobre el acuerdo y un referendo podría mover al país a una situación sin precedentes.

Según algunos observadores, el histórico acuerdo de paz (que podría poner fin a una de las guerras civiles de mayor duración en el mundo) sólo podrá ser apreciado en el futuro.

Luis Moreno Ocampo, exjefe argentino de la Corte Penal Internacional, dice que el acuerdo firmado por Juan Manuel Santos es “como una obra de Van Gogh que sólo pudo ser apreciada después de su muerte”.

Álvaro Uribe, el popular expresidente colombiano, está en contra del acuerdo con la FARC por considerar que es demasiado indulgente.

Santos ha prometido someter su acuerdo con los guerrilleros a un plebiscito nacional sin precedentes el 2 de octubre, pero por las divisiones existentes, Colombia se halla en una encrucijada sobre cómo poner fin a un conflicto de cinco décadas que dejó 220.000 muertos y desplazó 7 millones de personas.

“Los colombianos quieren la paz”, asevera Uribe en entrevista con el Financial Times. “Pero muchos no aprueban la decisión de ofrecer impunidad total o elegibilidad política a aquellos responsables de los crímenes en contra de la humanidad”.

Según una encuesta reciente, la mitad de los colombianos coincide con Uribe y sus quejas sobre la parte del acuerdo que permite que los comandantes de los grupos rebeldes que son culpables de abusos como masacres y el reclutamiento de niños soldados no sean castigados.

Barack Obama, presidente de Estados Unidos, aclamó el acuerdo y elogió a Santos por su “liderazgo valiente durante cuatro años de negociaciones difíciles”.

Con respecto al plebiscito, Santos dice: “Con este acuerdo, dejo en sus manos la oportunidad de poner fin a la guerra con las FARC. Ésta será la votación más importante de sus vidas”.

Pero el Presidente ha tenido problemas para convencer al pueblo colombiano a apoyar su acuerdo en parte debido a la desaceleración de la economía, su propio bajo índice de aprobación (de 25 por ciento) y la percepción de que, al ser parte de la alta sociedad colombiana, no entiende a los colombianos comunes y corrientes. Sus críticos aseveran que quiere pasar este acuerdo para ganar el Premio Nobel de la Paz.

Uribe dice que un voto en contra del acuerdo permitiría una mejor renegociación entre Colombia y las FARC y sus 7.000 tropas en el campo, pero César Gaviria, otro expresidente, quien encabeza la campaña “Sí a la paz”, dice que los seguidores de la campaña en contra del acuerdo están comunicando un mensaje falso. “Promueve una falsa expectativa decir que un voto en contra provocaría el fin de la guerra”, dice. "Si gana el voto contra el acuerdo, la guerra continuará”.

Las dudas más prominentes que han surgido son acerca de la llamada justicia transicional y sobre cómo el acuerdo propuesto se compara con otros acuerdos de paz similares.

En Guatemala, por ejemplo, los que violaron los derechos humanos obtuvieron amnistía a cambio de aprobar el acuerdo en 1996 que puso fin a su guerra civil de 36 años. En Sudáfrica, ofrecieron amnistía a los violadores de derechos humanos a cambio de confesiones públicas de sus actos tras la caída del régimen de apartheid. Sin embargo, en Sierra Leona, la amnistía general en 1999 que se otorgó para poner fin al largo conflicto provocó más matanzas.

Bajo el acuerdo colombiano, jueces locales y extranjeros (aprobados por la Suprema Corte del país, la ONU y hasta el papa Francisco) podrán otorgar la reducción de penas y servicio comunitario a cambio de confesiones completas. Al contrario, los que nieguen su participación directa y luego sean declarados culpables podrían recibir una sentencia de 20 años de prisión.

“No habrá impunidad”, dice Manuel José Cepeda, exdirector de la Corte Constitucional de Colombia, quien participó en las negociaciones.

Pero muchos colombianos que han sufrido por las acciones de las FARC preferirían que los anteriores líderes de la guerrilla fueran humillados, siguiendo el ejemplo de Perú con respecto a Abimael Guzmán (líder del movimiento guerrillero maoísta Sendero Luminoso), quien fue obligado a usar un caricaturesco traje blanco y negro cuando fue encarcelado en 1992.

En vez de eso, las FARC podrán participar en el proceso político, al igual que Sinn Féin después del tratado de paz de Irlanda del Norte. Los líderes de Sinn Féin, que tiene vínculos con el grupo terrorista que libró una guerra durante décadas en contra del Gobierno del Reino Unido, ahora forman parte de Gobierno de Irlanda del Norte.

“No nos estamos rindiendo”, dijo Rodrigo Londoño, comandante de las FARC conocido como Timochenko. “La política es nuestra razón de ser”.

Colombia también tiene sus propios puntos de comparación. El grupo subversivo M-19 se desarmó en 1990 y algunos de sus antiguos miembros se convirtieron en políticos elegidos. Como presidente, Uribe negoció acuerdos con líderes de grupos paramilitares de derecha, sosteniendo que algunos recibieron sentencias de hasta ocho años de prisión.

En tanto, los defensores de derechos humanos han criticado al tratado de paz por ser demasiado indulgente con el ejército colombiano. Según el grupo Human Rights Watch, al menos 3.000 civiles fueron secuestrados y asesinados por el Ejército entre 2002 y 2008 y después fueron representados como guerrilleros para incrementar el conteo de cuerpos del Ejército.

Moreno Ocampo, quien en su papel como jurista internacional ha visto varios tratados de paz, insiste en que este acuerdo debe ser aprobado.

“Colombia está ejerciendo la paz, la justicia y la verdad y está intentando lograr una reconciliación, todo al mismo tiempo. Colombia está celebrando un referendo para validar el acuerdo”, dice Moreno. “Algunos critican el acuerdo. Deberían admirarlo”.