Caso Fondo Indígena sin acusación formal a casi 3 años de la denuncia

A casi tres años de destaparse el caso del Fondo Indígena, no existe una acusación formal y las principales personas investigadas se beneficiaron con medidas sustitutivas. Según el diputado Rafael Quispe, que es el querellante, sólo 600 mil bolivianos de los 102 millones de bolivianos que fueron detectados como daño económico fueron recuperados.

Tras descubrirse el caso, el Ministerio Público inició procesos contra 4.300 personas que de alguna manera estaban relacionadas con los recursos del Fondo Indígena. En los últimos meses, el Ministerio Público liberó a cinco de los más relevantes entre ellos las exministras Nemecia Achacollo y  Julia Ramos, los exdirigentes Melva Hurtado, Damian Condori y Félix Becerra.  

“No hay ningún avance, no hay acusación formal y van a ser tres años”, indicó Quispe que denunció las irregularidades del hecho.

Los plazos procesales de la investigación vencieron y según Quispe a esta altura de la investigación ya debió emitirse una sentencia.

Este medio intentó acceder a una versión de la Fiscalía de La Paz, pero desde esa instancia indicaron que no se iban a referir al tema por falta de tiempo. Sin embargo, Quispe explicó que se inició otra denuncia contra el fiscal departamental de Sucre, porque fue nombrado como director funcional del proceso.

Nemecia Achacollo, una de las principales acusadas en el caso, salió de la cárcel el pasado fin de semana después de acceder a una reducción de su fianza que inicialmente era de 200 mil bolivianos. La exministra fue imputada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, porque se identificaron irregularidades en la ejecución de distintos proyectos durante su gestión.  

En tanto, la exministra Julia Ramos que también fue imputada por los delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, además de conducta antieconómica; ahora tiene medidas sustitutivas.  La interventora del ex Fondo Indígena, Lariza Fuentes, identificó un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos “fantasma” y 713 inconclusos  que recibieron al menos un desembolso para ser ejecutados.  

Desde  2009, el directorio del Fondo Indígena -integrado por representantes de sectores sociales y de cinco ministerios- aprobó 3.177 proyectos, de esto,  1.100  recibieron al menos un desembolso para la ejecución y 2.077 no percibieron recursos.

Quispe sostuvo que a la fecha por lo menos 500 personas tendrían que tener sentencia. “Ni uno tiene acusación formal que es la segunda etapa, la primera etapa sí que es la imputación formal. En la segunda etapa no hubo por responsabilidad del Ministerio Público”, explicó.

Añadió que el exdirigente Damián Condori depositó 600 mil bolivianos y que del resto del dinero aún no existen responsables. A la fecha se desconoce si se realizaron otros depósitos.

102 millones de bolivianos. Fue el monto detectado como daño al Estado en la investigación que realizó la interventora, Lariza Fuentes.

NUEVO FONDO INDÍGENA  ENTRA EN VIGENCIA

El pasado 2 de agosto  de 2016 entró en vigencia el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), para reemplazar al extinto Fondioc, después del escándalo que se desató por uno de los hechos de corrupción más grandes del país.  Esta renovación fue parte de las medidas anunciadas por el presidente Evo Morales para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales y productores agropecuarios.

CRONOLOGÍA

Diciembre de 2005 - Se crea el Fondioc
El Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé aprueba el Decreto Supremo 28571, el cual crea el “Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas”. En esa norma se establece que los recursos que administra la entidad están destinados a “financiar proyectos de desarrollo productivo y social”.

Diciembre de 2013 - Primeras denuncias
El presidente del Estado, Evo Morales pide a la Contraloría investigar el Fondo Indígena y critica a Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) por intentar oponerse a la investigación.

Febrero de 2015 - Estalla el caso
La Contraloría da a conocer, tras una fase de auditoría, que se detectó un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos en 153 proyectos observados. Más tarde, la interventora Lariza Fuentes eleva la suma a 102 millones de bolivianos.