Más sectores denuncian despidos y trabajadores retan a probar quiebras
Más trabajadores presentan sus quejas por despidos presuntamente injustificados y, aunque las empresas argumentan que tienen déficits, los asesores de los trabajadores señalan que se debe demostrar esa situación o proceder a la reincorporación.
Marcelo Inchausti, asesor legal de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y de la Confederación de Fabriles, además de abogado de los trabajadores de las empresas Altifibers (La Paz), Sendtex, Prosil (Cochabamba) y Paitití (Santa Cruz) señaló que cada día se van sumando más denuncias por despidos injustificados.
El jefe de la Dirección Departamental de Trabajo, Wilge Lizarazu, señaló que su oficina recibió, además, la denuncia de los trabajadores de Imba, la cual se suma a la Sendtex y Prosil, en Cochabamba.
A esta situación se sumó una marcha de protesta de trabajadores de Fridalga, en La Paz, que también denunciaron “despidos injustificados”.
“Todo se está atendiendo. Programamos la audiencias de acuerdo a la capacidad funcionaria que tenemos”, afirmó.
El representante de los trabajadores fabriles, Mario Céspedes, denunció, por su parte, que se despidió a 81 trabajadores y que, si bien no les entregaron sus cartas de despido, no les dejan ingresar a sus empresas.
Inchausti detalló que, en el caso del sector minero, de momento se presentó la denuncia por el despido de 100 trabajadores de la empresa Paitití, por lo que ya se tiene una audiencia de reincorporación programada para el viernes.
“En Potosí, hay un poco de problemas. Las empresas quieren consensuar u obligar a trabajadores a reducciones salariales, lo que constituye un despido indirecto. Una reducción salarial siempre tiene que ser de manera consensuada, no obligada”, comentó.
El distrito minero Porco es una de las empresas que está realizando reducciones salariales.
Inchausti, al detallar los casos que se están presentando, estimó que se pueden conocer otros casos en los próximos días.
Justificación
Las empresas que están procediendo a despidos argumentan déficit en sus ingresos. Sin embargo, Inchausti señaló que, basándose en la Sentencia Constitucional que se aplica en estos casos, se debe tener una justificación del déficit que tiene la empresa.
“Para un despido de ese tipo (de fuerza mayor), la Sentencia Constitucional que modula las características, se encuentran que la empresa tiene que estar más de una gestión en déficit. Eso significa dos gestiones y se debe comprobar con sus estados financieros auditados, los que deben presentar para pagar el Impuesto a la Utilidad de la Empresa (IUE)”, explicó.
Inchausti aseguró que las empresas no están presentando estos estados financieros porque no se justifica el déficit que se argumenta para proceder a despidos por “fuerza mayor”.
“No demuestran un déficit que muestre que van a ir a la quiebra, porque el único perjuicio es de estos meses por la Covid-19 y el estado de emergencia sanitaria, no de un año o hace dos”, afirmó.
Lizarazu comentó que los argumentos de ese tipo deben ser presentados al juez laboral.
“Si se trata de un despido justificado, tiene que demostrar la causal, y no es una causal el hecho de que esté en quiebra, en disolución o reestructuración, automáticamente no es. Nosotros disponemos la reincorporación. Para temas más precisos, el juez laboral lo ve”, dijo.
6 empresas con problemas. En seis empresas del país se optó por el despido de personal; las empresas alegan que no generaron recursos.
FIDALGA DENUNCIA ACOSO LABORAL
Los trabajadores del supermercado Fidalga protestaron ayer por un presunto acoso laboral y despidos injustificados.
“Nos están despidiendo injustamente. Hemos trabajado de forma continua durante dos meses, nos quieren obligar a firmar un descuento del 30 por ciento de nuestro salario. Están despidiendo injustamente a nuestros compañeros”, afirmó uno de los trabajadores.
Asimismo, reclamaron que no les entregaron insumos de bioseguridad. Según se informó, al menos 30 personas fueron despedidas en los supermercados en La Paz.
EXISTEN QUEJAS POR ATRASOS Y POR PAGOS EN CUOTAS
REDACCIÓN CENTRAL
El representante de los trabajadores fabriles en Cochabamba, Mario Céspedes, informó ayer que los trabajadores de algunas empresas hicieron conocer casos de retrasos en el pago de sus sueldos o la cancelación de los salarios en cuotas.
Hay otros casos en los que sólo se les pagó el 50 por ciento.
“Las demás empresas, no son muchas, están gozando de estabilidad laboral”, dijo.
Céspedes señaló que la Federación de Fabriles atiende las quejas que se presentan y que a la vez, se conversa con los asesores jurídicos para hacer prevalecer los derechos de los trabajadores de las empresas.
“Estamos hablando con los abogados y agarrando de las normativas”, afirmó.
En Cochabamba, otras empresas pequeñas como heladerías, una curtiembre y una empresa de fabricación de muebles también están instando a una renuncia voluntaria por parte de sus trabajadores.
Céspedes recordó que en el periodo de cuarentena no se puede realizar despidos injustificados, situación que se replica en el Decreto Supremo 4199.
Asimismo, se garantiza el pago de salarios de todos los trabajadores en función pública y privada.
Según información de la semana pasada, varias empresas de La Paz, El Alto y Cochabamba están incidiendo en la vulneración de derechos laborales.
