Especialistas perfilan nuevo contrato social para encarar la "crisis sistémica" regional
Los países de América Latina se enfrentan a una inédita encrucijada social y económica que implica "avanzar hacia un nuevo pacto social político, económico y fiscal" para la provisión de bienes públicos, de acuerdo con el balance de un grupo de especialistas que participan de la 24 Conferencia Anual de CAF-Banco de Desarrollo.
En criterio de Alicia Bárcena, la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pandemia del coronavirus puso en evidencia la crisis sistémica regional, "a partir de la fragilidad de la globalidad y el multilateralismo".
"Es posible hablar seriamente del papel central del Estado, de un salario básico, de la importancia de un pacto, social económico político tanto a nivel nacional, regional y global. Un nuevo contrato social justo, inclusivo y progresivo", remarcó.
Esta condición exige pensar un nuevo paradigma de desarrollo bajo la premisa de impulsar la sostenibilidad económica, social y ambiental en línea con la agenda 2030, puntualizó.
Estudios de la Cepal mencionados por Bárcena revelan que la crisis del coronavirus ha magnificado las brechas en América Latina, "que en esta coyuntura enfrenta la contracción económica más severa de los últimos 100 años".
Este mismo estudio señala la caída del 9.1% del PIB en la región, la reducción de las exportaciones a menos del 23%, el aumento del desempleo que ahora afecta a 44 millones de personas.
A estos indicadores se suman las 45 millones de personas que estarán en situación de pobreza, mientras que 96 millones de habitantes vivirán en la extrema pobreza.
El estudio de la Cepal revela también que 32 millones de niños, niñas y adolescentes no podrán acceder a la educación virtual porque 44 millones de familias no acceden internet de calidad. De toda esta población, la más afectada es femenina, pues el 5% de mujeres sufren el impacto de la pobreza aguda.
En materia económica, según la Cepal, la crisis agravada por la pandemia, asecha a 2.7 millones de micro, pequeñas y medianas empresas.
En tanto, desde Secretaría General Iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan, consideró la necesidad de establecer nueva reglas en el relacionamiento social, político y económico, "un contrato social coherente" en la medida que los países emerjan de la crisis.
La coyuntura enfrenta a la región a un ciclo complejo que no permitirá avanzar en soluciones rápidas, los problemas de corto plazo habrán evolucionado hacia el largo plazo mientras se continúa lidiando con problemas de larga data.
"El año que viene los países de América Latina van a enfrentar es un año dramático (...), un nuevo contrato social no es un deseo, sino una necesidad", puntualizó Grynspan.
"El nuevo contrato social tiene que ser inclusivo. Incorporar a las mujeres y jóvenes, invertir en servicios sociales, pro empleo y de largo plazo", agregó.
En esta misma línea, Carmen Reinhart, Economista Jefe, Grupo del Banco Mundial (BM), sostuvo que llegar a estos nuevos acuerdos requiere generar niveles de certidumbre y recursos. "La recuperación va a ser larga. Bastante larga especialmente para América Latina", sostuvo Reinhart.
Esta conversación, sobre un nuevo contrato social debió ser hace diez o hasta 40 años atrás, previendo los eventos de crisis de los años 80 que ahora son más difíciles de recuperar, puntualizó la especialista.
En tanto, la construcción de un nuevo acuerdo con el aporte de la empresa privada exige una nueva mirada desde los Estados para experimentar una nueva transformación, según Paula Santilli, directora ejecutiva de Pepsi Co invitada a la 24 Conferencia de la CAF.
"Es necesario emprende nuevos caminos que superen el pasado. Tenemos que llegar a nuevos acuerdos con distintos actores sociales", afirmó.
La empresa privada debe actuar en el espacio que creado por las familias que esperan un cambio total de América Latina bajo un nuevo liderazgo con inclusión y crecimiento sostenible, remarcó Santilli.
