Misicuni: arranca juicio por daño sin los acusados
Después de cuatro años, ayer comenzó el juicio oral en contra de los seis representantes del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), en el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal de Justicia por presunto daño económico al Estado de 23 millones de dólares, incumplimiento de contrato, conformación de sociedades ficticias y falsedad ideológica.
La Empresa Misicuni, Gobernación y la Fiscalía solicitaron la pena máxima para los acusados por el presunto daño económico y por el perjuicio que provocó el retraso del proyecto en la dotación de agua a la población.
En cambio, Defensa Pública planteó la nulidad de obrados hasta que se notifique a los tres acusados que viven en el exterior del país. Además, dijo que los delitos de conformación de sociedades ficticias y falsedad ideológica prescribieron.
El abogado de Defensa Pública, Marco Antonio Ramírez, dijo que los procesados: Eduardo Gómez Vásquez (colombiano), Francesco Senis y Raúl Maggioni (italianos), que son juzgados en rebeldía, nunca fijaron domicilio en nuestro país, por lo que debía haberles notificado por exhortos suplicatorios en sus países de origen o haberse recurrido a las embajadas para conocer el domicilio. A diferencia de los acusados Martín Rovira Rada, Raúl Nemtala Caballero y Julio Hernán Espinel Martínez sí radicaban en Bolivia.
“No han agotado todas las instancias para notificar a los acusados y que puedan estar presentes. Se está atentando con el debido proceso, derechos y garantías que todas las personas tienen a la defensa”, dijo el abogado.
El abogado de la Empresa Misicuni, Arturo Arnez, refutó y aseguró que la notificación por edicto es suficiente y no corresponde la nulidad de obrados.
La defensa dijo que la pena para el delito de falsedad ideológica es de seis meses a tres años y para sociedades ficticias de seis meses a seis años. Añadió que las mismas corren desde que se inició el delito que sería en diciembre de 2008, cuando se conformó el consorcio que después se adjudicó la construcción de la presa Misicuni en 2009 por 78 millones de dólares.
“Los delitos han prescrito en 2013 y 2016, por lo que los acusados sólo deben ser juzgados por incumplimiento de contrato”, declaró Ramírez.
Sin embargo, los abogados de la Empresa Misicuni, Gobernación y Fiscalía argumentaron que el consorcio causó un grave daño, porque se resolvió el contrato con el CHM y se adjudicó la obra a otra empresa para que termine la obra, lo que elevó el costo en 18 millones de dólares.
ACUSACIÓN DE CREDINFORM
El Ministerio Público, la Gobernación, la Empresa Misicuni y Defensa Pública rechazaron que la empresa de seguros Credinform se haya constituido como parte acusadora y afectada por los presuntos delitos de incumplimiento de contrato, conformación de sociedades ficticias y falsedad ideológica del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM).
“Ellos (Credinform) han tenido un contrato de carácter comercial con CHM que no tiene que ser tratado en esta instancia penal”, dijo el asesor legal de la Empresa Misicuni, Arturo Arnez.
Defensa Pública dijo que los abogados del CHM explicaron que la empresa de seguros debe seguir un proceso civil y que no tiene ningún daño económico, por lo que es su deber emitir pólizas de garantía sin que se le cause afectación.
La aseguradora Credinform pagó, en 2015, la póliza de correcto uso de anticipo de 8,5 millones de dólares y de cumplimiento de contrato de 6,3 millones de dólares. Pero, antes del desembolso, se negó a pagar la misma e hizo público el contradocumento con cláusulas de confidencialidad donde se revelaba la presunta conformación de un consorcio ficticio. El abogado de Credinform, Ronald Velásquez, no objetó esa solicitud, pero argumentó en la audiencia que la aseguradora se siente afectada por el CHM y solicitó la pena máxima para los procesados.
