Los 3 poderes del Estado reaccionan contra asalto a sus sedes en Brasilia
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió ayer a los poderes públicos en Brasilia mientras unas 1.500 personas eran detenidas tras la invasión el domingo de edificios oficiales por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que buscaban la caída del mandatario.
Los titulares de los poderes públicos de Brasil, encabezados por Lula, cerraron filas contra los actos de vandalismo ocurridos el domingo, cuando miles de simpatizantes del expresidente de extrema derecha asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Declaración
En una inusual declaración conjunta, publicada en el Twitter de Lula, los jefes del Senado, la Cámara de Diputados y del Supremo Tribunal Federal rechazaron los “actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas” en la capital.
“Convocamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia”, afirmaron.
Los responsables se reunieron en el Palacio del Planalto, donde Lula reanudó sus actividades pese a que el predio fue uno de los sitios vandalizados, con ventanas rotas y oficinas destrozadas.
Los emblemáticos edificios de la capital brasileña fueron tomados el domingo durante casi cuatro horas por miles de seguidores de Bolsonaro que exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo que asumió hace una semana, el primero de enero.
Los incidentes recordaron los ataques al Capitolio en Washington hace dos años, llevados a cabo por simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Bolsonaro.
Campamentos
Las autoridades brasileñas lanzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables de los disturbios y a sus eventuales financiadores.
Hasta ayer se había detenido a unas 1.500 personas, informó Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad, precisando que la mayoría de ellos estaban en un campamento en Brasilia desde donde salieron buena parte de los atacantes.
Cientos de policías y militares fueron desplegados ayer en diferentes puntos del país, como Brasilia, Río y Sao Paulo, para desmantelar estructuras similares, desde donde hace dos meses se exigía una intervención militar que pretendía impedir el regreso de Lula al poder.
El desalojo respondió a una orden de un juez de la Corte Suprema para desocupar totalmente “en 24 horas” las acampadas, levantadas frente a cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro descontentos por su estrecha derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.
¿Qué pasó con la policía en la capital brasileña?
Un día después del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, surgieron ayer interrogantes sobre la poca preparación, impericia e incluso sobre una eventual complicidad de las fuerzas de seguridad del distrito federal en los episodios.
¿Cómo es que los invasores pudieron acceder tan fácilmente a sitios clave del poder en Brasil? ¿Alguien financió este ataque perpetrado contra la democracia brasileña?
¿Por qué las fuerzas del orden no desmantelaron antes los campamentos de partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, instalados desde hace dos meses delante de edificios militares de todo el país, en reclamo de una intervención militar para impedir que Luiz Inacio Lula da Silva volviera al poder?
