Romero defiende ley antidrogas, pero expertos señalan falencias

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó la nueva Ley de Sustancias Controladas y la calificó de “integral”. “Prácticamente no requiere de reglamentación”, dijo durante un conversatorio organizado por el Foro Regional, integrado por el diario Los Tiempos y las instituciones Ceres y Ciudadanía. Los otros expositores, la jurista Marlene Pino, el exdirector de la Felcn Gonzalo Quezada y el empresario Gonzalo Molina, observaron que la nueva ley incurre en aspectos inconstitucionales, imprecisiones y vacíos conceptuales, y, por tanto, pusieron en duda el éxito de su aplicación. | A2

Según Romero, la nueva ley antidrogas se enmarca en una política criminal que procura desarrollar acciones punitivas, pero también preventivas y de atención y rehabilitación para la población adicta. Jurídicamente hablando, señaló, no requiere una reglamentación en el tema de sustancias controladas.

La nueva norma “establece los mecanismos de cooperación y coordinación internacional, señala las fuentes de financiamiento para la lucha contra el narcotráfico y (…), además de las disposiciones sustantivas, tiene también las adjetivas, por lo que prácticamente no requiere de reglamentación”, señaló Romero durante su intervención en el conversatorio sobre la Ley de Sustancias Controladas, realizado el miércoles pasado en el auditorio de Los Tiempos.

Críticas

Sin embargo, la nueva ley fue también objeto de análisis y de cuestionamientos por parte de los otros panelistas invitados.

La exvocal y abogada penalista Marlene Pino señaló que una ley (sobre todo si se trata de una penal) debe estar redactada de la manera más clara y “precisa” posible, sin dar lugar a interpretaciones equivocadas, lo cual, según explicó, no ocurre con la nueva normativa.

“Necesitamos precisión. Es lo que pedimos. Estamos ante una ley que es administrativa, que crea instituciones, crea organismos; una ley que intenta ser punitiva penal porque establece también ciertas conductas prohibidas; una ley que crea un procedimiento especial para un desapoderamiento que entraría en el campo civil. En fin, estamos ante una ley integral, pero que al final no pertenece a ningún campo para su estudio, para su análisis, para su aplicación… va a crear muchos problemas”, señaló la jurista.

Pino precisó que el artículo 70 causa “preocupación” por su falta de coherencia con la Constitución Política del Estado (CPE), aspecto que traerá “grandes dificultades al aplicar”.

“Es tan claro cuando dice el desapoderamiento va a seguirse por cuenta separada. Entendemos, es un proceso autónomo y lo entendemos, pero dice que ‘aunque el dueño poseedor o tenedor del bien no haya intervenido en el acto ilícito’. Por qué entonces vamos a aplicar una sanción si no ha intervenido en un acto ilícito”, cuestionó.

Sobre el punto, Romero respondió que “el artículo 70 no se lo puede leer de manera aislada. Hay que leerlo junto al artículo 68 porque el 68 señala exactamente qué bienes pueden ser objetos de extinción y ahí quedan los candados suficientes como para no cometer injusticia”.

El Ministro añadió que esta norma apunta también a las personas que “prestan su nombre” a los narcos para que éstos puedan ocultar sus bienes. “Las personas que hacen de palos blancos también tienes responsabilidades”, dijo Romero.

“La extinción de dominio es una acción real que no está supeditada a la sanción penal porque el que tiene un bien tiene todos los instrumentos para demostrar la licitud de su bien. No hay posibilidad de que el que tiene una casa, una hacienda o un vehículo no pueda demostrar la titularidad de ese bien”, complementó.

Indefiniciones

Sobre la definición de una ley hacia un campo de estudio, Romero dijo que eso “no es importante si una ley tiene contenido civilista, administrativista, algo de penalista, no es lo más importante. Tampoco es lo más importante si la ley tiene contenidos sustantivos o contenidos adjetivos en la misma norma, no es fundamental. Lo importante es que la ley, más allá de la definición de la dogmática jurídica como una norma coercitiva, de aplicación universal y de validez en una jurisdicción, etc, la ley es una política pública, y esta ley es una política de Estado y si la política del Estado manda a construir un sistema interinstitucional para su aplicación integral, bueno, bienvenido el sistema”.

Empresarios afectados

Por su parte, el empresario Gonzalo Molina enumeró a Romero los problemas por los que atraviesa su sector que trabaja con sustancias controladas al realizar los trámites de transporte y uso.

El Ministro dijo que era “exagerado” hablar de que se “criminaliza la industria” y que entendía la preocupación, pero resaltó la lista de sustancias controladas está enmarcada en acuerdos internacionales de Bolivia casi imposibles de modificarlos. Sin embargo, señaló que es posible flexibilizar los requisitos y condiciones para apoyar a su sector y que las puertas de su despacho están abiertas para debatir éste y otros temas.

Ley antidrogas no prevé recursos para rehabilitación

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Gonzalo Quezada remarcó, por su parte, la importancia del cambio de enfoque de la política antidrogas en Bolivia basada en la nacionalización y regionalización. También apuntó la necesidad financiar la lucha contra las drogas con los bienes de los narcos mediante monetización de lo incautado.

Sin embargo, identificó dos problemas en la normativa: el primero es que “no asigna recursos a para la rehabilitación o prevención de consumo de drogas. Simplemente dice en la parte considerativa que el Ministerio de Salud se encargará de políticas de rehabilitación de tratamiento de reinserción” y de esa forma sería una norma progresista.

Como segundo aspecto problemático, Quezada mencionó el microtráfico. “Lamentablemente, la ley dice simplemente que sólo se va a hacer un estudio y no deja claro si va a dejar abierto o si habrá el consumo permitido por el Estado, el consumo recreacional o como en otros países que de manera progresista han abierto la venta de cannabis. En Bolivia seguimos muy conservadores en esta temática”, dijo.

Sobre la falta de fondos para la rehabilitación, Romero dijo en la disputa de asignar los recursos para la lucha antidrogas “no aparece la rehabilitación” porque se ha encomendado “las tareas de rehabilitación a los recursos de IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que ya se han incorporado a las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana con una responsabilidad concurrente entre el Gobierno nacional y las entidades autonómicas”.

En el caso del microtráfico y el consumo recreacional, en la norma existe una diferenciación porque el microtráfico será penalizado y “la parte punitiva está derivada al Código del Sistema Penal, así lo definió la Asamblea Legislativa (…). El consumo no lo estamos penalizando, los estudios a cargo del Ministerio de Salud deben decirnos cuáles son los niveles de consumo admisibles para no ser penalizados”, explicó.

PANELISTA

CARLOS ROMERO, MINISTRO DE GOBIERNO

Es bueno confrontar ideas, hace ver errores

La confrontación de ideas nos hace ver errores que podamos cometer, somos seres humanos. También permite a las autoridades socializar, hacer entender el sustrato de la política pública; a los académicos, permite incorporar nuevos conceptos; a los estudiantes, aprender nueva materias; a la población en general, tomar una posición respecto a alguna iniciativa destinada a resolver una problemática social.

Yo valoro muchísimo esta iniciativa de Los Tiempos, del Foro Regional que ha auspiciado este evento y espero que se repita permanentemente porque permite un encuentro con la gente.

PANELISTAS

MARLENE PINTO, EXVOCAL Y ABOGADA PENALISTA

Puntualizar qué tipo de norma es

Yo veo en la ley que se ha sancionado recientemente de lucha contra el tráfico ilícito la necesidad de puntualizar más hacia el campo que se dirige, la necesidad de establecer con mucha claridad si es una ley penal o es una ley administrativa, si es una ley adjetiva o es una ley sustantiva, sin mezclarlas. Ése es el problema de quienes administran justicia y ése es el problema de quienes enseñan el derecho penal (…). Para nuestra sociedad necesitamos ser claros.            

GONZALO QUEZADA EXDIRECTOR DE LA FELCN

La lucha antidrogas es demasiado cara

El 2012, el Estado había asignado cerca de 30 millones de dólares. Entonces, como ven ustedes, es demasiado cara la lucha antidrogas, demasiado onerosa. ¿Cómo sostener en el tiempo si tenemos una nueva estrategia? La Ley ahora asume en realidad ese financiamiento mediante los bienes incautados al narcotráfico. Ésa, en realidad, fue una iniciativa del equipo de juristas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.  

GONZALO MOLINA, EMPRESARIO INDUSTRIAL

Queremos trabajar en el reglamento

No hemos sido considerados para aportar, para recomendar, para expresar nuestras experiencias y angustias, por lo que pedimos al Gobierno establecer un equipo mixto público-privado para trabajar en los reglamentos de la ley. Tenemos un compromiso con el país, queremos generar empleos, queremos generar riquezas. Sólo pedimos ser partícipes, en este caso, de la construcción de los decretos que reglamentan la Ley de Sustancias Controladas.