Juan del Granado: “Estoy a disposición de la Comisión de la Verdad”

Juan del Granado logró una sentencia de 30 años contra el dictador Luis García Mesa, después de un juicio que duró nueve años, y ahora se pone a disposición de la Comisión de la Verdad, que fue conformada el pasado 21 de agosto, con el objetivo de esclarecer las violaciones a los derechos humanos que sucedieron en Bolivia entre 1964 y 1982, durante regímenes militares.

El excandidato a la Presidencia de Bolivia y alcalde de La Paz en dos gestiones señala que no es conveniente descalificar a la comisión o a sus miembros por su militancia con el Movimiento Al Socialismo (MÁS), sino por los resultados de su trabajo. Por ello, se declara a disposición de la misma.

Del Granado insiste en que no cree que los archivos militares hayan desaparecido y, de ser así, los responsables deben ser procesados. Sin embargo, señala que además de los documentos castrenses, la comisión tiene cuatro fuentes documentales “fundamentales” a las que debería acudir.

- Con relación a la conformación de la Comisión de la Verdad se ha observado que los integrantes están relacionados con el MAS. ¿No cree que esto perjudique en su trabajo?

- Yo creo que no es conveniente descalificar a la comisión o a sus miembros por la mayoritaria y conocida militancia partidaria de ellos. Del trabajo que realice va a surgir la calificación o descalificación. Ahora (lo digo con ánimo constructivo), ellos tienen que asumir que no es una comisión gubernamental que deba rendir cuentas al Presidente. Es una comisión de carácter estatal y, por tanto, tiene una misión frente a la demanda democrática del país.

- ¿Es la primera comisión que se ha instaurado en el país?

- No. En 1982, don Hernán Siles Zuazo creó la primera comisión nacional. Estaba limitada a desaparecidos, pero a la comisión y a Hernán Siles se los comió la crisis política. Después de 11 años, el 2013, Gonzalo Sánchez de Lozada creó la segunda, llamada Comité Interinstitucional para la Investigación de Detenidos y Desaparecidos.

- ¿Qué pasó entre 1982 y 2013?

- El juicio a García Meza, que duró nueve años. Me tocó conducir ese proceso y al final fue una verdadera comisión de investigación, pero de carácter judicial. Pese a la investigación de nueve años, a la acumulación de pruebas y la sentencia, han quedado impunes varios hechos. No sabemos quién mató, quién torturó al padre (Luis) Espinal. No conocemos el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz ni de Carlos Flores, ambos ametrallados en la sede de la Central Obrera Boliviana ese 17 de julio (de 1980). Imagínese los hechos delictivos que se deben investigar en el Gobierno de Barrientos, la Masacre de San Juan; las ejecuciones extrajudiciales en Ñancahuazú, empezando por el Che; siete años de banzerismo, durante su gobierno más o menos, 3 mil personas detenidas, un centenar desaparecidos y 20 mil exiliados.

- ¿Ahora qué queda?

- Hay que hacer una labor de acompañamiento y colaboración. A Edgar Ramírez y Nila Heredia (miembros de la Comisión), les he dicho que estoy a su disposición para brindar toda la información que requieran. Además, les he sugerido, de manera muy amigable, que deben ir a Sucre a revisar todos los expedientes. Son 100 cuerpos que acumulamos en el juicio contra García Meza, que contienen muchos elementos para continuar las investigaciones, una serie de indicios que pudimos recoger sobre la desaparición y tortura de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Una primera dificultad con la que van a pasar es, algo que yo no creo, la desaparición de archivos militares.

- ¿Por qué?

- El general (Orlando) Ariñez, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, dijo que es posible que se hayan destruido y yo digo que también es posible que no. ¿Sabe o no sabe? Estamos hablando de archivos militares. Ahora, asumamos que su afirmación es cierta. ¿Qué cosa se ha destruido?, ¿todo?, ¿los documentos de la guerrilla del Che? No puede ser. Hay ejecuciones extraoficiales que tienen que investigarse. ¿Se han destruido los documentos de la Masacre de San Juan? Dos regimientos militares intervinieron Siglo XX. ¿Se han destruido los archivos de la época de Banzer? Yo he sufrido durante nueve años la protección de las Fuerzas Armadas a García Meza durante el juicio. Estando arraigado en Sucre, no detenido, tenía toda la cobertura militar para moverse y el momento que logramos, con un segundo juicio, el mandamiento de aprehensión, los militares lo hicieron escapar de Sucre en el Gobierno de (Víctor) Paz Estensoro y (Jaime) Paz Zamora.

- ¿Qué pasa si es verdad lo que dijo el Comandante en Jefe?

- Nos tiene que decir cómo se ha sancionado porque, según el artículo 79 del Código Penal Militar, la destrucción, sustracción y desaparición de documentos castrenses tiene 10 años de prisión. O sea, no es un hecho administrativo. Nos tiene que decir dónde están los sumarios que se ha hecho a las personas encargadas de la custodia de los archivos. Y si no lo han hecho tienen que hacerlo.

- ¿Por qué dice que todavía hay ese encubrimiento de los militares a los dictadores?

- García Meza no gobernó solo, sino con civiles, que en algunos casos ahora son parte del Gobierno y fueron parte de gobiernos anteriores. Y, claro, a gobernantes como Evo Morales, Paz Estensoro, Paz Zamora, Banzer nunca les ha interesado tener problemas con los mandos castrenses. Es la cultura del encubrimiento que tiene sus ramificaciones en la propia cultura democrática y esto es muy grave. Por eso, es importante esta comisión, más allá de la primera impresión negativa que la gente recibe cuando ve a tres miembros de la comisión jurando como masistas. Su primera tarea lamentablemente es ganar confianza, que no la tienen de inicio, por lo menos, la mayoría de la comisión.

- Ahora, ¿si las Fuerzas Armadas abren sus archivos y no hay documentos relevantes, la comisión fracasaría o qué le queda?

- Ahora podemos estar ante la coartada histórica de que no hay, la comisión no va a entrar a husmear los rincones del Estado Mayor, pero tiene amplias facultades para acudir a todos los medios investigativos: declaraciones, testimonios; puede convocar con fuerza de Ministerio Público a todos a prestar declaraciones informativas.

- ¿A qué otras instancias puede acudir?

- Hay cuatro fuentes documentales muy importantes: “los archivos del terror”, son documentos que en 1992 se encontraron en Paraguay, y que tienen datos de todas las dictaduras del cono sur de los años 80. Segunda fuente, en 2015, se dictó en Argentina una sentencia contra 17 militares implicados en acciones de represión continental, justamente con los dictadores bolivianos. Enero de este año, se dictó una sentencia en Roma que condenó a García Meza y Arce Gómez a cadena perpetua. No se condena a nadie si no hay pruebas y están en Italia. Cuando (Barack) Obama ha estado en Argentina ha ofrecido a (Mauricio) Macri los archivos de la CIA y del FBI, porque cada 25 años por ley en Estados Unidos se desclasifican todos los archivos. Cuatro fuentes documentales. También esto he comentado a la comisión. Tenemos decenas, sino centenas de víctimas que seguramente están prestas a dar sus testimonios y tenemos decenas de represores que están caminando por las calles y tienen que decir qué es lo que saben.

- ¿Qué es lo que debe lograr la comisión?

- Tres objetivos: primero investigar los hechos para establecer la verdad de lo que ocurrió. El derecho a la verdad no es individual, sino colectivo. Segundo, a partir de la investigación promover la justicia. No estamos frente a un juez, pero todo lo que investiga la comisión e indicios pasa al Ministerio Público y se reabren o inician juicios, porque se tratan de delitos imprescriptibles de lesa humanidad. Y tercero, reparación a las víctimas y a sus familias. La verdad la tienen que establecer en una memoria, al cabo de su trabajo. Debe decir “esto es lo que pasó en este contexto, en estas circunstancias” y decir “estos son los presuntos responsables de estos hechos que hemos investigado”.

- ¿Cómo debe ser el trabajo de la comisión con la Fiscalía?

- He sugerido a la comisión que pida al Ministerio Público que adscriba un número de fiscales para que trabajen con la comisión para que emitan requerimientos, porque la comisión no tiene facultades jurisdiccionales. Entonces, necesita la asistencia, el apoyo de la Fiscalía, pero, sobre todo, se tiene que convocar a muchas personas.