YPFB, nuestro futuro en juego
Conviene tomar en cuenta los casos de Venezuela y Brasil, cuyas empresas hidrocarburíferas fueron el núcleo matriz de una corrupción que por su magnitud terminó llevando al colapso económico y político a ambos países
A mediados del pasado mes de marzo, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos dio un primer paso en un camino que, como ha comenzado a verse durante los últimos días, será muy largo, tortuoso y de incierto destino. Nos referimos al proceso que se inició con las denuncias sobre probables irregularidades y posible sobreprecio en el proceso de contratación y compra de tres taladros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa italiana Drillmec.
Como se recordará, la sola difusión pública de ese informe, aún antes de que se indagara en los detalles del asunto, tuvo un fuerte impacto en el ámbito político y empresarial de nuestro país, pues ya entonces había abundantes motivos para suponer que esa investigación sería la punta de un ovillo que bien podría conducir al centro de una de las más densas tramas de corrupción, de las muchas que se han tejido en nuestro país durante los últimos años.
Las más recientes noticias sobre el tema así lo confirman. Al parecer, por lo menos hasta ahora, de nada o de muy poco han valido los esfuerzos que desde los más altos niveles jerárquicos de YPFB se han hecho para desvirtuar las investigaciones, desacreditar a sus promotores o minimizar la importancia de los datos que poco a poco fueron saliendo a luz. Y tampoco fueron suficientes los duros términos con los que la empresa italiana Drillmec hizo públicas sus amenazas contra el Estado boliviano, en caso de que pusiera en duda la legalidad del contrato en cuestión.
Es también importante recordar que el caso taladros no es el único que amerita una muy severa investigación. Por el contrario, es sólo uno más, y uno de los más pequeños, entre decenas de contratos suscritos entre YPFB y empresas proveedoras de bienes y servicios por montos que en muchos casos superan las centenas de millones de dólares. Es el caso de las plantas de Gran Chaco, Río Grande y la de urea de Bulo Bulo, entre muchos otros.
En efecto, basta hacer una recapitulación de las más grandes contrataciones y compras hechas por YPFB durante los últimos años para constatar que la falta de transparencia no ha sido la excepción sino la regla, como se ha ido denunciando en forma permanente.
Conviene por otra parte tomar en cuenta las lecciones que dejan experiencias muy cercanas, como las de Venezuela y Brasil, cuyas empresas hidrocarburíferas también fueron el núcleo matriz de una corrupción que por su magnitud terminó llevando al colapso económico y político a ambos países.
En Bolivia, como los fríos datos de la realidad poco a poco van mostrando, los daños causados por la arbitrariedad aplicada a la administración pública, tanto en el plano político como económico, son también enormes. A pesar de ello, hay motivos para alentar la esperanza en que todavía estemos a tiempo para evitar un desenlace como el venezolano. Está en manos del Gobierno la posibilidad de elegir el rumbo a seguir. Es de esperar que tome las decisiones correctas pues lo que está en juego es nada menos que el futuro económico y político de nuestro país.
