La mujer del César…
El miércoles fueron posesionados, por el Presidente del Estado, los magistrados del Órgano Judicial Plurinacional (PJP) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En el primer caso, se trata de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de Tribunal Agroambiental, y los miembros del Consejo de la Magistratura.
Se trata de ciudadanos, hombres y mujeres, que fueron elegidos candidatos a esos puestos por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa, y que en las elecciones que se realizaron el pasado 3 de diciembre, obtuvieron los primeros puestos con un máximo del 7,8 por ciento de los votos emitidos, y la mayoría entre 2 y 3 por ciento.
Como se recordará, en esos comicios se impuso el nulo y blanco, que alcanzaron alrededor del 66 por ciento de los votos emitidos, lo que quita legitimidad a su elección. Pero, por imposición del oficialismo, decidieron prestarse a asumir los puestos ambicionados.
Así se explica que tanto el Presidente del Estado como los voceros de las nuevas autoridades insistieran tanto en los discursos pronunciados, más allá de los amuletos como reformar la justicia, combatir la corrupción, etc., en que por el mero hecho electoral, éstas tendrían legitimad. El Primer Mandatario insistió: “Ustedes son producto del voto del pueblo boliviano, tienen mucha autoridad, mucha legitimidad para la justicia”, y con esos instrumentos, les dijo que debían “dignificar” el trabajo de los tribunales.
Además, el Presidente, acompañado de uno de los autores de los cambios que se están operando en el ámbito de la justicia que provocan mucho rechazo por su carácter autoritario, su ministro de Justicia, afirmó que las “normas hay que adecuarlas a las necesidades, a los problemas que tiene el pueblo. Las normas tampoco son intocables”, peligrosa afirmación que, empero, fue matizada al agregar que si están aprobadas “hay que respetarlas. Pedimos que respeten y apliquen las normas”.
Hay que añadir que la organización del acto ha mostrado el poder presidencial por sobre el resto de los órganos. No sólo que Primer Mandatario presidió la sesión y posesionó a las nuevas autoridades, flanqueado por sus ministros de Justicia y Relaciones Exteriores y el presidente saliente del TSJ, sino que no había ninguna autoridad de la Asamblea Legislativa, que como depositaria de la representación ciudadana debía ser la que presida la ceremonia.
Es decir, se ha olvidado que en el tema de una justicia independiente y legítima no basta aquello de que “la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”.
