Loteadores e incendios, una fatal combinación
En nuestra edición de ayer, en este mismo espacio editorial, nos referimos a la manera recurrente como, a estas alturas del año, se avivan los conflictos relacionados con la acción de avasalladores y loteadores que tienen en las faldas de la ladera sur del Parque Nacional Tunari uno de sus principales campos de acción. Decíamos además que, muy ligado a lo anterior, suele estar todos los años la proliferación de incendios, a los que las autoridades les gusta referirse como “focos de calor”.
No es difícil prever que durante los próximos días y semanas el tema volverá a ganarse un espacio destacado en la agenda informativa local. Y no lo es, porque durante los meses anteriores ninguna de las instituciones públicas ha hecho algo para evitar que el fatídico ciclo se repita una vez más.
La única noticia que se tiene sobre algún esfuerzo previsor la dieron los equipos de voluntarios de GEOS y el SAR Bolivia –dos grupos que se han hecho merecedores del reconocimiento de los cochabambinos por ser siempre los primeros en dar respuesta a cuanto incendio se desata en el PNT. Ellos se han puesto en campaña, una especie de campaña mendicante, con el fin de recaudar fondos para la adquisición de los equipos necesarios para combatir los fuegos que ya se ven venir.
Desgraciadamente, como la experiencia lo confirma, ese despliegue de buena voluntad, pese a lo meritorio que es, no es suficiente para conjurar un mal que no es fruto del azar, sino de un plan de acción muy audaz y eficientemente concebido, planificado y ejecutado ante la mirada complaciente, cuando no cómplice, de quienes medran del erario público en nombre de la salud medioambiental.
Ese temor es además abonado por lo que ocurre en otras zonas de la conurbación metropolitana. Es lo que ocasionó la destrucción de cinco de los seis Parques Metropolitanos planificados en la región urbana. En todos esos casos, además de la eficacia con que coordinaron sus acciones muy influyentes redes de abogados, coaligados con “movimientos sociales”, se hizo evidente la pasividad de autoridades nacionales, departamentales y municipales supuestamente encargadas de defender tan importantes áreas verdes.
De lo que se trata, en el fondo, es del lugar que las áreas verdes ocupan como un obstáculo al avance de la mancha urbana, un dique de contención a la incorporación masiva de tierras al mercado inmobiliario. Y como en esa batalla no se puede contar con las instancias estatales, sólo queda confiar en una vigorosa reacción colectiva capaz de evitar que aquella confabulación logre sus objetivos.
