¿La Chiquitania es Bolivia?
Como la respuesta es obvia, entonces lo que está ocurriendo por la desidia gubernamental que no actuó en Chiquitos de manera oportuna, no es contra Santa Cruz y los bolivianos que aquí vivimos, es contra toda Bolivia.
La forma de tratar el tema en el campo oficialista deja en evidencia que el mundo está más preocupado por nosotros, por lo que está ocurriendo en la Chiquitania, que nuestras propias autoridades; ellas se dedicaron a negar la gravedad del incendio, y ahora buscan a quién acusar de pirómano. Analizando y estudiando el comportamiento de esas autoridades, encuentro un cansancio, un descontrol y una ausencia de capacidad reactiva.
Para entendernos, en el bosque seco chiquitano, se necesitan 150 años para que un árbol llegue a tener 40 centímetros de diámetro y se necesitan 40 años para reparar los efectos de un incendio. Lo que ocurre en esta parte de la Madre Tierra nos abre grandes dudas sobre por qué no se ha declarado la emergencia y el desastre antes. Queda claro que nuestra capacidad reactiva fue rebasada hace mucho tiempo y la solidaridad humana le quedó muy grande a los calculadores de la política; el decretar emergencia habría dejado en evidencia la irresponsabilidad en el manejo de la crisis y la ausencia de planes de contingencia. Quien ha politizado la tragedia es la miopía gubernamental que perdió un tiempo precioso para hoy agitarse con acciones improvisadas.
La nueva agenda del desarrollo para el día después obliga a reconocer que discutir sobre el decreto de quema controlada es un falso debate. ¿Aprobará la ABT alguna quema en estas circunstancias? Quien encienda un fuego ahora sólo puede ser un pirómano y debe entrar preso. Entonces, debemos plantearnos radicalmente el debate a fondo sobre el modelo de producción desarrollista, extensivo y extractivo, cuyas consecuencias estamos viviendo.
Se hace necesario que termine la dotación de parcelas con fines políticos. Se trata, simplemente, de hacer producir la tierra de manera racional, sostenible y técnica. Bajo condiciones culturales ajustadas a la realidad territorial. El chaqueo irresponsable, es injustificable.
De la misma manera, la ocupación del territorio, frente a la tendencia migratoria, debe responder a un plan nacional orgánico. Por el modelo autonómico, los gobiernos municipales al tener la responsabilidad de los servicios básicos y recibir la presión sobre su cobertura, tienen que ser tomados en cuenta para resolver las consecuencias de la migración. Finalmente, debe acabar la improvisación en prepararnos para la crisis y en administrarla. No podemos seguir jugando con la vida de las personas y la sostenibilidad ambiental en un país que sólo tiene tres eventos extremos y estacionales, inundaciones, sequías e incendios.
Por eso, suspender la campaña electoral en este momento, es problema de los candidatos, no de la ciudadanía. Una cosa será dejar la farándula por una tragedia que se fue desarrollando de la manera que se produce un incendio, empezando de a poquito y hoy arrasa un millón de hectáreas, y otra, muy distinta, es la compulsa de políticas públicas que nos han llevado a esta situación.
Que los candidatos decidan callarse es cosa de ellos, ingenuidad de por medio al suponer que el Gobierno suspenderá la suya cuando administra el aparato público, aviones, helicópteros y recursos, y seguirá discurseando sobre sus obras tardías en Chiquitos. Nosotros no tenemos por qué callarnos. Y lo siento por Carlos Mesa y Óscar Ortiz que han caído en el chantaje. ¡Para cambiar este estado de improvisaciones, es que necesitamos un nuevo gobierno en enero de 2020!
Y ello empieza desde la Chiquitanía.
El autor es director de innovación del Cepad
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