Política y sentido común

Contrariamente a lo que se podía anticipar, luego de la renuncia y posterior huida de Evo Morales Ayma –hecho histórico que generó sentimientos generalizados de optimismo y esperanza en gran parte de la población–, el país paulatinamente ingresó en un período de mayor complejidad política, social y económica. Las causas fueron diversas, algunas de ellas atribuibles directamente a las decisiones asumidas por el Gobierno de transición y otras a hechos completamente fortuitos, como la emergencia sanitaria actual.

La crisis consiguiente que se avizora será magnificada por la previsible reducción de los ingresos fiscales, debido al agotamiento de los yacimientos de gas y/o reducción de su precio, así como al menor dinamismo económico consiguiente. Si a ello se suman los intentos del anterior partido de gobierno para recuperar su vigencia, obstaculizar la rendición de cuentas y retomar la iniciativa perdida desde octubre, podría concluirse que se están gestando las condiciones para sumir al país en un período de mayor inestabilidad política e incertidumbre económica.

Lo anterior es significativo pues –independientemente de quién resulte ganador de las elecciones que tendrán lugar en septiembre próximo– en períodos de crisis económica, la gente busca responsables, reales o imaginarios, en quienes desahogar penas y frustraciones. Es así que no será de extrañar que el próximo Gobierno termine asumiendo culpas que en rigor no le correspondan.

Considerando lo expuesto, resulta sorprendente constatar la gran cantidad de personas aún dispuestas a lanzarse a la vorágine política, sin mayor reflexión acerca de la magnitud, complejidad y consecuencias que les espera en caso de resultar ganadores.

En la actualidad, quién tiene en sus manos la posibilidad de exacerbar o distender los ánimos y reducir o incrementar la probabilidad de ocurrencia de los efectos recién descritos, es la Presidenta transitoria. Gústele o no, sus acciones u omisiones la posicionarán en la historia como heroína o villana, rara vez hay intermedios. Salvando las diferencias, podrá ser recordada como Churchill, estadista británico conocido por su gran defensa de la libertad durante la Segunda Guerra Mundial, o como su antecesor Chamberlain, quién por su actitud pusilánime y falta de decisión envalentonó a Hitler hasta el punto de no retorno.

Una falacia es, por definición, un razonamiento aparentemente válido, pero que en realidad no lo es. Un ejemplo de lo anterior es el que parece rondar por los pasillos del Palacio Quemado y del TSE, en sentido de que sería mejor no asumir acciones decididas contra los delitos electorales y económicos cometidos durante la anterior gestión, a fin de garantizar unas elecciones relativamente tranquilas. Otra, que gozaría de gran popularidad, señala que la única persona con la capacidad adecuada para llevar adelante un nuevo gobierno es la presidente Añez.

Tiempos difíciles requieren de acciones valientes para poder superarlos, no existe otra manera. No obstante, para que la población las acepte se precisa de algo fundamental; autoridad moral, algo que la Presidenta transitoria tenía de sobra al inicio de su mandato y que fue perdiendo luego de postularse a la presidencia.

¿Qué es lo que podría hacer para recuperarla? La respuesta obvia sería renunciar a su candidatura y dedicarse a gobernar, pero como la realidad es más complicada que la teoría, no existe una respuesta clara. Sin embargo, a pesar de las opiniones contrarias al respecto, no resulta inteligente desdeñar una fuente de consulta gratuita, valiosa y que está siempre a disposición de los líderes de turno; la sabiduría popular. Esta se compone de muchas y variadas opiniones, que pueden ser guiadas por diferentes motivaciones, pero, en general, van convergiendo hacia sugerencias puntuales cargadas de sentido común, algo que se tiende a olvidar cuando se está sumido en la práctica diaria del poder.

Bajo el escenario actual, entonces ¿qué acciones concretas podría tomar el Gobierno transitorio? Sin ánimo de ser taxativo, podría considerar: (i) cierre del Parlamento, cuya continuidad no tiene sustento constitucional; (ii) designación de nuevo Contralor y nuevo Fiscal General, para llevar delante de manera imparcial las investigaciones de corrupción, tanto del Gobierno actual como del anterior; (iii) forzar al TSE a cumplir con la ley y convertirse en parte querellante de la denuncia por fraude electoral contra el MAS y para que envíe a consulta de constitucionalidad la ley 421 referida a la forma de asignación de circunscripciones uninominales.

En definitiva, ¿Churchill o Chamberlain? Solo el tiempo lo dirá.

El autor es administrador de empresas, magíster en administración de negocios