El retroceso sanitario
El Gobierno ha retrocedido en la aplicación de los decretos supremos 4640 y 4641, que establecen la obligación de presentar, para el acceso a oficinas públicas y establecimientos privados, el carnet de vacunación o, si no se dispone de este documento, de una prueba PCR que garantice que la persona no tiene Covid. Inicialmente, se había previsto que esas medidas se aplicaran desde el 1 de enero de este año, lo cual, por presiones de sectores sociales antivacunas, fue postergado hasta el 26 de enero, para finalmente dejar sin efecto estas normas contra la crisis sanitaria.
Con esta contramarcha, el Gobierno deja al descubierto que no se orienta por un plan coherentemente estructurado contra la crisis sanitaria que se ha desatado en el país desde marzo de 2020 y que, por causas políticas, cede y es débil ante las protestas de los emergentes sectores antivacunas, que en su gran mayoría están vinculados al oficialismo.
El Ministro de Salud ha argumentado que el Gobierno para “preservar la seguridad de la población de grupos suspende la presentación del carnet de vacunación mientras dure la emergencia sanitaria”. Sin embargo, tales medidas, incluidas en los dos decretos hoy “suspendidos”, fueron sin duda alguna las más positivas y consistentes en la errática gestión contra la crisis sanitaria, si se considera la mencionada ausencia de un plan con una efectiva estrategia informativa y comunicacional y el bajo porcentaje de vacunación con esquema completo logrado en el país —uno de los peores índices en la región—, pero que tuvo un importante e interesante repunte con la obligatoriedad del carnet de vacunación o de las pruebas PCR.
Las personas que no se habían inmunizado formaron, mientras los decretos tuvieron plena vigencia, largas filas en los centros de vacunación, aunque bajo el riesgo de contagiarse, lo cual confirmó la efectividad del poder coercitivo de la norma jurídica.
Quienes se resistieron desde un primer momento a la presentación del carnet de vacunación o de la prueba PCR fueron los integrantes de los movimientos antivacunas. Conforman estos grupos, que en las últimas horas han bloqueado vías en La Paz y Cochabamba, aquellas personas que se resisten a inmunizarse con pretextos que van desde las teorías de conspiración más disparatadas hasta presuntas causas de tinte religioso. Los antivacunas, por ejemplo, afirman que las fórmulas inmunizantes introducen un chip en el cuerpo para controlar a las personas o que el castigo apocalíptico está a la vuelta de la esquina. Queda claro que el Gobierno pudo comunicar mejor sobre las vacunas para evitar estos focos de resistencia que se fortalecen con la desinformación.
Lo increíble, no obstante, es que ante las amenazas de estos grupos el Gobierno haya mostrado debilidad y dejara sin efecto sus dos decretos. Es un error más, que ojalá sea enmendado.
