El acarreo de funcionarios
Hace poco, uno de los legisladores masistas, nada menos que un jefe de bancada regional, ni se inmutó cuando lo denunciaron por haber pedido “pegas” al Ministro de Gobierno, mediante carta -tal su desparpajo-, y por el contrario “argumentó”, muy suelto de cuerpo, que la condición sine qua non para acceder a un cargo público es haber trabajado en la campaña, es decir, haber pegado carteles partidarios y haber loado y vivado, siempre en concentraciones partidarias, al caudillo; no sorprendería si tales “razones” provinieran de un militante de alguna esmirriada fuerza política de la denominada partidocracia, pero fueron expuestas por un dirigente del “proceso de cambio”, lo cual revela que el oficialismo, hoy, adolece de los mismos y acaso peores vicios de aquellas tiendas partidarias a las que tanto cuestionaba y cuyas prácticas juró sepultar.
El epítome de estas prácticas de los seguidores del “proceso de cambio”, como el amable lector recordará, fue aquel airado reclamo de la viuda de un infortunado dirigente masista que murió en un accidente en plena campaña para 2020, quien en puertas del Palacio Quemado aseguraba, a quien quisiera escucharla, que el Ministerio de Minería y Metalurgia pertenecía a su familia, lo que mueve a pensar que el Gobierno ha sufrido, además de un avasallamiento, un feroz loteamiento. Antes, los partidos tradicionales se repartían las “pegas” tras un acuerdo, pero ahora lo hacen los llamados movimientos sociales o corporaciones que conforman el bloque de poder del oficialismo. En consecuencia, cada día queda al descubierto el gatopardismo del MAS, que al parecer ha aplicado con ventaja la famosa teoría de Tancredi Falconeri, surgida tras el desembarco, en 1860, de Garibaldi en Sicilia y expresada en la bella novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa con estas palabras: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
Lo que también avala que todo ha cambiado para que nada cambie es el acarreo de empleados públicos desde La Paz y de otras ciudades hasta Santa Cruz, que se ha denunciado y registrado para que participen en el anunciado cabildo oficialista (en realidad, un “anticabildo”, si vale el término) que tuvo lugar ayer en el monumento al Chiriguano. El propósito del Gobierno, como en otros conflictos, es crear un cabildo paralelo con sus funcionarios que concluyó con las decisiones de oponerse al paro indefinido cruceño y la decisión de ratificar que el censo se realice no en 2023, sino en 2024, como decretó el Palacio Quemado.
Para ese fin, el MAS ha trasladado a la capital cruceña a una buena parte del ejército de medio millón de funcionarios públicos que ha creado a lo largo de sus gobiernos y que son, en su mayoría, “peguistas” incondicionales y adictos al oficialismo. Si no van, los echan sin derecho al pataleo. Y de cualquier modo sufren descuentos por planilla, por el monto de los pasajes de ida y vuelta, según ha trascendido en las denuncias. Dicen que muchos se quedarán como grupos de choque, pero habrá que ver si resisten más de un par de días.
Es lamentable que este acarreo de burócratas se efectúe a costa de los bolsillos de los contribuyentes. Quienes ayer gritaban consignas partidarias en el curioso cabildo oficialista son servidores públicos acarreados, no partidarios. Si hubiera justicia independiente, deberían ser procesados los responsables de esta malversación.
