Venezuela: Amaneció de golpe

En la película, “Amaneció de golpe”, (1998), el director de cine venezolano Carlos Azpúrua reflejaba, de una manera dramática, uno de los pasajes más oscuros de la historia de Venezuela. El intento de golpe de Estado ocurrido en 1992.

Aunque militarmente fracasado, ese acontecimiento reveló la profunda crisis de legitimidad del sistema democrático en Venezuela y marcó el inicio de una transformación política que culminaría, años después, con la llegada del ahora extinto comandante Hugo Chávez al poder, por la vía electoral.

Más que un simple alzamiento castrense, ese intento de golpe fue la expresión armada de un descontento social, económico e institucional acumulado durante décadas.

Para comprender esos pasajes funestos que, entre otras cosas, fue la piedra fundamental para que Venezuela cayera, paulatinamente, en las botas apretadas de la dictadura, es necesario situarlo en el contexto de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Como señalé, Venezuela, ya atravesaba una severa crisis económica, producto del endeudamiento externo, la caída de los precios del petróleo y la aplicación de políticas de ajuste estructural impulsadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Estas medidas, percibidas como una ruptura con las promesas sociales del pasado, derivaron en el estallido del Caracazo en 1989, una revuelta popular reprimida violentamente por el Estado. El resultado fue una fractura profunda entre la sociedad, las élites políticas y las instituciones.

En ese clima de descontento, surgió dentro de las Fuerzas Armadas el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), liderado por oficiales de rango medio, entre ellos el teniente coronel Hugo Chávez. Este grupo consideraba que el sistema político, dominado por los partidos tradicionales, había perdido toda legitimidad y que las Fuerzas Armadas tenían la responsabilidad histórica de intervenir para “refundar” la República. El golpe del 4 de febrero de 1992 fue el primer intento de materializar esa visión.

El levantamiento buscó tomar el control de Caracas y otras ciudades estratégicas, así como capturar al presidente. Sin embargo, la falta de coordinación, errores tácticos y la lealtad de sectores clave del Ejército al gobierno provocaron el fracaso de la insurrección en pocas horas. A pesar de ello, el mensaje televisado de Chávez tras su rendición —en el que asumía la responsabilidad del fracaso “por ahora”— tuvo un impacto simbólico enorme. Por primera vez en años, un militar reconocía públicamente el colapso del orden político y hablaba en nombre de los “sectores excluidos”.

El segundo intento de golpe, ocurrido el 27 de noviembre de 1992, confirmó que la crisis no era un hecho aislado ni resuelto. Este levantamiento, más violento y con participación de la Aviación y la Armada, demostró que el malestar dentro de las Fuerzas Armadas era amplio. Aunque nuevamente derrotado, evidenció la debilidad del Estado para restaurar plenamente su autoridad y legitimidad.

Desde entonces, hasta el pasado 3 de enero de 2026, la noche se le vino de golpe al pueblo venezolano.

Desde esas fechas fatídicas, Venezuela, pasó a ser de uno de los países más estables políticamente, y prósperos económicamente, a ser uno de los más empobrecidos y beligerantes; sin libertad, sin democracia e institucionalmente destrozado.

La situación política en Venezuela ha sido un tema central en la región latinoamericana durante los últimos años. Bajo el gobierno de Chávez y Nicolás Maduro, el país enfrentó una de las crisis más profundas de su historia, caracterizada por una desbordante crisis económica, escasez de recursos básicos, altos niveles de pobreza y violaciones sistemáticas de derechos humanos. A pesar de estas dificultades, Maduro se mantuvo en el poder con el respaldo de los militares y de una parte significativa de la sociedad, a menudo mediante tácticas autoritarias. En este contexto, la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos representa un evento trascendental que tiene repercusiones tanto para Venezuela como para Latinoamérica.

Más allá de la figura de Maduro, como símbolo de un régimen de facto, el final de su gobierno simboliza el colapso definitivo de un modelo político, económico e institucional que marcó profundamente a la región durante más de dos décadas. El impacto de este acontecimiento no se limitó a las fronteras venezolanas, sino que tuvo efectos estructurales sobre la dinámica geopolítica, ideológica y social del continente latinoamericano.

El gobierno de Maduro se sostuvo durante años sobre una combinación de control institucional, lealtad militar, renta petrolera menguante y apoyo internacional de actores extrahemisféricos. Sin embargo, el prolongado colapso económico, la pérdida de legitimidad electoral, la fragmentación del chavismo y la presión social interna erosionaron progresivamente los pilares del régimen. La hiperinflación, el deterioro de los servicios públicos y la migración masiva de millones de venezolanos no solo evidenciaron la inviabilidad del modelo, sino que convirtieron la crisis venezolana en un problema regional. En ese contexto, la caída de Maduro no puede interpretarse como un hecho abrupto, sino como el desenlace de un proceso de desgaste prolongado del Estado y de su capacidad de gobernar.

Para América Latina, este acontecimiento tiene un fuerte efecto simbólico. Durante años, el chavismo funcionó como referente ideológico para distintos proyectos políticos de izquierda y como ejemplo de resistencia frente a la influencia de Estados Unidos. Su colapso debilita el discurso antiimperialista tradicional y obliga a otros gobiernos de orientación similar a replantear sus estrategias, moderar sus posiciones o acelerar procesos de reforma interna.

Al mismo tiempo, refuerza la narrativa de que los regímenes personalistas, con débil separación de poderes y economías altamente dependientes del Estado, tienden a producir crisis profundas y prolongadas.

Desde el punto de vista geopolítico, la salida de Maduro reconfigura los equilibrios regionales. Venezuela deja de ser un eje articulador de alianzas políticas y energéticas basadas en afinidades ideológicas, como ocurrió en su momento con Petrocaribe y otros mecanismos de cooperación. Países que dependían del apoyo petrolero venezolano, como Cuba, ahora se ven forzados a buscar nuevas fuentes de energía y financiamiento, mientras que actores como Estados Unidos, China y Rusia disputan su influencia en el proceso de transición y reconstrucción. Esta competencia revela las limitaciones de la integración latinoamericana, marcada por respuestas fragmentadas y por la ausencia de una posición regional unificada frente a crisis de gran magnitud.

En el plano económico, la caída del régimen abre expectativas de reinserción de Venezuela en los mercados internacionales, con efectos positivos a mediano y largo plazo para la región. La recuperación de la industria petrolera, la atracción de inversiones y la normalización de relaciones comerciales convertirán al país nuevamente en un actor relevante. No obstante, este proceso está condicionado por la estabilidad política, la calidad de las nuevas instituciones y la capacidad de garantizar seguridad jurídica.

Para América Latina, el impacto económico inmediato será limitado, pero una eventual recuperación venezolana podrá aliviar presiones migratorias y generar nuevas oportunidades de comercio e integración productiva.

En este punto quiero ser incisivo; considero fundamentalmente necesario que, a corto plazo, se deba contemplar, como una condición sine qua non, las figuras de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia para que tomen el liderazgo en Venezuela, no solo para restaurar la democracia, sino también para garantizar una transición estable en el país.

El aspecto social y humanitario es quizás el más sensible. La caída de Maduro genera expectativas de retorno para millones de migrantes venezolanos, aunque dicho retorno será gradual y dependerá de mejoras reales en empleo, servicios y seguridad. Al mismo tiempo, la transición abrirá debates complejos sobre justicia, memoria y reconciliación, tanto dentro de Venezuela como en los países que acogieron a su diáspora. La manera en que se gestionen estos procesos será clave para evitar nuevos ciclos de violencia o inestabilidad.

Reitero, la caída de Nicolás Maduro no debe analizarse únicamente como el fin de un gobierno, sino como el fracaso de un modelo político que prometió justicia social y terminó produciendo pobreza, migración y autoritarismo. Este acontecimiento tiene implicaciones profundas para toda América Latina, porque cuestiona la viabilidad de proyectos políticos basados en el liderazgo personalista y la concentración del poder.

El caso venezolano demuestra que la erosión de las instituciones no es un problema abstracto, sino una causa directa del colapso económico y social. La migración masiva de venezolanos es la evidencia más clara de ese fracaso y ha tenido consecuencias concretas en los países vecinos. Ignorar estas lecciones sería repetir los mismos errores en otros contextos nacionales.

Al mismo tiempo, la caída del madurismo plantea dilemas incómodos. ¿Por qué América Latina fue incapaz de ofrecer una salida regional a la crisis? ¿Qué responsabilidad tienen las élites políticas que durante años apoyaron o minimizaron el autoritarismo venezolano? ¿Qué pasó con la influencia de organismos internacionales ligados a Latinoamérica, como la Organización de Estados Americanos? ¿Está pintado en las paredes de la incapacidad? ¿Es de verdad una instancia mediadora que pueda garantizar la armonía en la región?

Más que celebrar un cambio de poder, que sin duda es legítimo, sobre todo para los venezolanos que permanecieron en el país, la región debería preguntarse qué tipo de democracia quiere construir. La experiencia venezolana obliga a repensar la relación entre ideología, poder y Estado, y a reconocer que sin instituciones fuertes no hay proyecto político que pueda sostenerse en el tiempo.

El autor es comunicador social