Censo y control de daños

Columna
ÁGORA REPUBLICANA
Publicado el 22/11/2022

El control de daños en una crisis es la evaluación de cuán fuerte ha sido el impacto para identificar el sector más afectado y, frente al conflicto, cuáles deben ser las medidas aplicables para estabilizar las áreas afectadas. En una especie de terapia intensiva, es buscar que los efectos cesen o disminuyan y, con ello, se impidan daños mayores.

La crisis del censo está sirviendo para conversar, discutir, confrontar, coincidir y divergir sobre las consecuencias del paro, el cerco, la violencia, la prepotencia, las imposiciones, los preconceptos, las verdades a medias, las mentiras enteras, la distracción, los cabildos, las susceptibilidades y prejuicios, planteando el cuestionamiento de si la dirigencia gubernamental y de Santa Cruz están comprendiendo la gravedad del reto.

Como se exige en estas situaciones, es necesario enfrentar la crisis por la vía del consenso maduro antes que por el de la confrontación definitiva que busca eliminar al adversario; la situación obliga a realizar un esfuerzo colectivo para identificar las situaciones que necesitan ser enfrentadas sin postergaciones.

La primera constatación es que los bolivianos no nos conocemos lo suficiente y en la confrontación están aflorando desencuentros y contradicciones, algunos centenarios. La memoria juega negativamente al recordarnos una lista larga de aquello que no está resuelto. Una segunda señala que los bolivianos somos violentos en las relaciones personales, sociales, en nuestras reacciones con el otro y desde el ejercicio del poder y la autoridad, cualquiera sea su origen. La utilización desproporcionada de la violencia acompaña permanentemente los desencuentros.

El censo está dejando en evidencia las dificultades que debemos enfrentar para resolver un procedimiento que en el mundo corresponde a una simple gestión administrativa y que, en nuestro caso, está mostrando fisuras con características de heridas profundas. Estamos cargando la confrontación sobre la confianza pública, debilitando relaciones básicas y cuestionando legítimamente la institucionalidad llamada a resolver los problemas. Se está instalando una peligrosa incredulidad hacia las instituciones que deben ganarse la confianza pública para cumplir su tarea. Me refiero a las autoridades cuya palabra causa estado: voceros, ministros y el Instituto Nacional de Estadística; vemos cómo se pide la intervención de un órgano distinto al de la competencia original frente a la duda evidente; no otra cosa significa la demanda de una ley para ratificar un decreto, situación que, en una coyuntura normal, no sería necesario.

No resultará extraño que en esos escenarios puedan aparecer los gritos conocidos de “¡Ahora sí, guerra civil!”, o “¡Llegó la hora de la ruptura!”. Planteando un escenario de racionalidad, y aprovechando el cabildo realizado en Santa Cruz el 13 de noviembre, la pregunta 2 abre un espacio para el debate necesario: “¿Están de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?”. Aunque la crítica ha interpretado que se trata de una interpelación al federalismo, creo que existen varios escenarios previos para que la pregunta busque respuestas prácticas que motiven a los nueve departamentos, a partir de tres líneas de reflexión:

a) La que corresponde al modelo de organización, administración y gestión territorial que evalúe el proceso y resultados del funcionamiento de las autonomías.

b) El ordenamiento de una agenda nacional que enfrente definitivamente el saneamiento de la justicia, el pacto fiscal, la lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico y la exclusión social, y,

c) Agenda de desarrollo económico-productivo, en la que cada departamento y sus actores económicos planteen la superación del chantaje y las limitaciones que impiden alcanzar el desarrollo en todo el territorio nacional.

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