Presos políticos al exilio

La dictadura de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a nada menos que 222 opositores a los que mantenía encerrados y torturados en sus cárceles. Aunque la deportación constituye en sí una nueva violación a los derechos de los ahora exiliados, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que “la liberación de estos individuos, por parte del gobierno de Nicaragua, marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo bilateral”.

Al parecer, Ortega —que quiere nombrar a su esposa “copresidenta”— está buscando la vía para aliviar las sanciones internacionales recibidas por su autocracia, apelando a una vieja receta de origen cubano.

En efecto, en reiteradas ocasiones la dictadura castrista utilizó la liberación de presos políticos, ya fuera para suavizar algunas disposiciones del embargo estadounidense o para evitar que Europa aplicara sus propias sanciones por los atropellos a la disidencia.

El procedimiento tampoco ha sido extraño a Venezuela, donde al menos siete referentes antichavistas pasaron de la prisión al exilio, entre ellos el ex dirigente universitario Lorent Saleh.

Mientras tanto, Bolivia hace esfuerzos por convertirse en la cuarta dictadura del continente y acumula su propia población de detenidos por razones políticas, con casos emblemáticos como los de la ex presidente Jeanine Áñez y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, junto a decenas de otros casos de activistas y ex funcionarios civiles, militares y policiales del gobierno de transición.

Se estima que un 90% de las detenciones políticas realizadas en los últimos dos años han sido exigidas, en público o en privado, por Evo Morales, el gran atizador de la persecución.

Bolivia no tiene, por el momento, sanciones internacionales que desvisen o congelen cuentas en el exterior a los operadores de injusticia, pero sí tiene una bomba de tiempo económica, cuya mecha se va acortando.

Un solo ejemplo: las reservas internacionales en divisas apenas superan los 600 millones de dólares, mientras que el país debe hacer frente este año a pagos por deuda externa de 920 millones de dólares.

Esto, en un marco estrecho donde el gobierno tampoco tiene margen para eliminar el subsidio a los hidrocarburos en el mercado interno (apenas para administrarlo, haciendo que las variantes de combustibles caras sean más fáciles de encontrar que las baratas).

Todo parece indicar que Arce debería concentrarse en la desactivación de la bomba económica, dejando de lado la persecución revanchista a la que lo ha empujado Evo Morales. Sin duda, el mejoramiento en los estándares de derechos humanos del país abriría puertas a financiamientos e inversiones en el mundo occidental.