Los presos políticos

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, ha publicado Pautas para la determinación de la detención y prisión por motivos políticos. Y reconoce que, en las últimas décadas, América Latina ha experimentado un incremento exponencial en la instrumentalización de los sistemas de justicia penal con el fin de detener, criminalizar y someter a prisión a personas por motivos políticos.

La publicación especializada advierte que no existe claridad en el marco legal y del derecho internacional de los derechos humanos sobre cuáles son los criterios para determinar quién puede ser o no ser considerada una persona presa o detenida por estos motivos, sus impactos individuales y sociales, la dimensión de la responsabilidad en que incurren los Estados, así como los estándares de protección que deben ser aplicados cuando se determina esta condición.

La detención por motivos políticos se ha utilizado particularmente en países con regímenes unipartidistas o autoritarios con un evidente ejercicio arbitrario del poder de los órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En estos regímenes (Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros), la represión política recae no sólo en personas que se oponen abiertamente o critican a esos Gobiernos, sino también en aquellas que ejercen una labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Todas estas detenciones se realizan, principalmente, mediante la instrumentalización del sistema judicial con el fin de implementar determinadas políticas que buscan la reproducción del poder político (el poder por el poder).

Otro elemento diferenciador es que el “proceso” en el que fue juzgada una persona ignoró claramente los principios fundamentales de un juicio justo e imparcial, como proclama la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los procedimientos de criminalización implican una manipulación grosera de las instituciones del sistema judicial con el fin de restringir la labor que llevan a cabo las personas detenidas; sus libertades de expresión y opinión; pensamiento, conciencia y religión; reunión y asociación pacífica; su participación política, y disuadirles de continuar promoviendo sus causas.

No se trata de simples procesos de criminalización judicial, sino además que están acompañados de pronunciamientos condenatorios en los medios de comunicación social como que se trata de delincuentes “confesos”, y casi en la generalidad son detenidos preventivamente y en las cárceles de máxima seguridad.

En general, un preso político es una persona que está privada de su libertad por razones políticas y no por razones legalmente aceptadas y aceptables y, sobre todo, donde el propio Poder Judicial se ha saltado las garantías básicas del debido proceso. Lo que caracteriza a estos procesos, entonces, son los abusos que comete el mismísimo Poder Judicial al convertirse en instrumento al servicio del poder político e imponer detenciones y sanciones, claramente desproporcionadas y basadas sólo en consideraciones políticas.

Y como de muestra basta un botón, el dictador Daniel Ortega ordenó que la mayoría de los presos políticos (220 en total), fueran puestos en un avión chárter, y enviados de madrugada a EEUU y lo hizo de la misma manera arbitraria en que fueron detenidos y sometidos a procesos que nunca tuvieron ningún valor jurídico.

El Gobierno sandinista ha criminalizado las protestas, perseguido a los que piensan diferente, encarcelado a disidentes y obligado al exilio a miles de nicaragüenses; además de confiscarles sus bienes y quitarles la nacionalidad.

En Bolivia se tiene lo ocurrido con la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, entre otros, que se encuentran detenidos y condenados en procesos “fabricados”.

En el caso particular de la expresidenta, Evo Morales confesó que su juicio ordinario, se decidió en una reunión con el presidente, Luis Arce, el ministro de Justicia, Iván Lima, y dirigentes de ese partido político, y todo esto no solo prueba la intromisión política en el Poder Judicial, sino también debe invalidar la sentencia por falta de independencia del tribunal.

La independencia del Poder Judicial resulta “esencial para el ejercicio de sus funciones” y erradicar los abusos del poder político. Todos los imputados tienen el derecho a que los jueces que resuelven sus controversias sean independientes, imparciales y competentes.