Entre negacionismo y política del silencio

Gobernar es difícil y gobernar Bolivia, aún más difícil. Un país plural y diverso y al mismo tiempo polarizado, dividido, enfrentado y confrontado entre distintas fuerzas sociales que pugnan en su gran mayoría por capturar las rentas del extractivismo estatal, mientras otros sectores se sienten entrampados y atrapados en un entorno que les impide proyectarse hacia la modernidad y, por lo tanto, no los deja progresar y prosperar.

A pesar de lo difícil que sean las circunstancias, quienes gobiernan tienen la responsabilidad de afrontar los problemas y buscar las soluciones con políticas públicas y comunicacionales claras para brindar tranquilidad a la población y así garantizar la paz y la estabilidad social.

No es lo que estamos viendo en Bolivia durante las últimas semanas. Frente a las dificultades económicas que está generando la carencia de divisas para atender las necesidades de importación, pagos de servicios al exterior y la demanda del público, las principales autoridades económicas del país han oscilado entre la negación de los problemas, el procurar minimizarlos o simplemente guardar silencio.

Es una apuesta muy peligrosa. La economía se basa en la confianza de los actores económicos, ciudadanos y empresas, sobre la estabilidad y la solvencia de las instituciones económicas y financieras. La opinión pública es frágil y sensible y en la época de las comunicaciones digitales, las informaciones, tanto las ciertas como las falsas, se difunden y multiplican a una velocidad que sobrepasa las estrategias comunicacionales, peor aún, en las esferas de gobierno donde los entornos palaciegos pierden el contacto con la realidad cotidiana y tienden a evitar dar la cara para no convertirse en fusibles o desgastarse en la controversia mediática.

Distintos estudios, incluidos algunos de economistas que ganaron el Premio Nobel, han comprobado que las expectativas de la población son trascendentales para la definición de las decisiones de los consumidores. Si la confianza prevalece, estos tenderán a consumir bienes y servicios, tomar préstamos a largo plazo e invertir. Si, por el contrario, la incertidumbre se impone, las transacciones económicas se limitarán por la reacción natural de las personas y empresas a proteger su patrimonio y activos, con lo cual se genera un círculo de pesimismo que lleva a la contracción económica. La confianza es un bien que se demora años en forjar y puede perderse muy rápido.

Si bien en muchas ocasiones la narrativa y los recursos públicos que se invierten en su difusión pueden tener un gran impacto en la opinión pública, siempre se necesita una base de realidad para que la misma pueda calar y sostenerse. Es lo que sucedió entre 2006 y 2014, periodo en el cual el auge de las materias primas permitió a las sucesivas gestiones de gobierno de Evo Morales convencer a la opinión pública que se vivía una bonanza fruto de su modelo económico estatista. Aunque en la realidad las causas fueran otras, en los hechos la mayoría de la población incrementó sus niveles de ingreso y de consumo, lo que daba credibilidad y sustento a la propaganda gubernamental.

La situación actual es muy diferente. Los hechos desmienten el relato y por más publicidad estatal y guerreros digitales que se puedan utilizar, no se va a poder convencer de que no hay problemas y de que todo está bien a quienes no puedan conseguir las divisas que necesitan para importar y mantener sus negocios operando, a quienes no puedan producir porque sus proveedores de insumos no pueden importarlos oportunamente, o a quienes queriendo disponer de divisas se enfrentan a una especie de racionamiento en la asignación de las mismas.

Estamos frente a típica situación en la cual los hechos vencen al relato y el continuar negando la realidad o guardando silencio ya no es suficiente para no desgastar la imagen gubernamental. En general, la población está siendo muy prudente puesto que el sentir mayoritario es desear que el país pueda superar los problemas actuales de la economía nacional. Gobernar es decidir y comunicar, el Gobierno debe corresponder a la cautela de la población adoptando las decisiones necesarias para afrontar las causas de fondo de los problemas y comunicarlas con claridad para que la opinión pública conozca cómo se afrontará la nueva situación que vive el país.

El autor ha sido senador y ministro de Estado