La peligrosa escalada de violencia “intercultural”
Las amenazas de muerte y de operaciones armadas proferidos por interculturales en Guarayos, Santa Cruz, son las manifestaciones de una escalada de violencia —en los conflictos por tierras— que ha merecido la condena de las instancias estatales y exige una acción amplia y urgente, pues esos actos pueden ser el anticipo de una situación muchísimo más grave.
La condena a muerte a “empresarios terratenientes” formulada por la Federación de Comunidades Interculturales de San Julián Norte y divulgada recientemente en un documento entregado a la prensa, lo mismo que la proclamación previa de un prófugo de la justicia en sentido de que “ahora sí (van) a agarrar armas y (se van) a hacer respetar” no pueden explicarse sin un contexto que garantiza la impunidad para los autores de intervenciones violentas con el tráfico de tierras.
Porque impunidad sí existe, como lo evidencia el hecho de que quien hace unos días amenazó con una “segunda revolución agraria”, obviamente no pacífica, es “uno de los más violentos” procesados por el ataque a una comitiva de policías periodistas y otras personas en el predio Las Londras, en Guarayos, hace poco más de dos años.
Ese hombre, lo mismo que otros cuatro acusados en ese caso, obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria, lo que les ha permitido moverse con libertad, incluso para seguir tomando predios con violencia, como se probó en el caso de al menos dos de los denunciados.
La liberación, dictada por un juez, de dos sospechosos —uno de ellos con pruebas válidas de haber disparado— de la muerte por un disparo de arma de fuego de un joven en Pailitas, el último fin de semana en medio de un enfrentamiento por tierras, es otra evidencia de ese marco de impunidad.
Esa condescendencia de las instancias judiciales con gente violenta involucrada en líos por tierras “da indudablemente (…) una sensación de tranquilidad a quienes infringen la norma y que forman parte (…) de organizaciones criminales”, decía el lunes el Viceministro de Régimen Interior.
Esa impunidad y la violencia armada en los conflictos por tierras merecen una acción urgente y drástica del Estado, pues, como recordaba hace un par de años el director de la Fundación Tierra, “los grupos armados de Colombia nacieron como grupos rebeldes reclamando tierras para los pobres” y “Sendero Luminoso, en Perú, nació en la sierra exigiendo tierras para los campesinos”.
Así la condena manifestada por el Ministerio de Gobierno a las amenazas de muerte y proclamas violentas emitidas por los interculturales, lo mismo que la acción de oficio de la Fiscalía cruceña contra sus autores, son señales de que las instancias Estatales están dispuestas a imponer el respeto al imperio de la ley en el país.
