Publicidad y ratería

El asunto de los contratos de publicidad con recursos fiscales no es un asunto menudo, sino todo lo contrario. Por una parte está la estrategia destinada a eliminar los medios independientes y, por otra, los cada vez más evidentes mecanismos que son usados para robar dinero del Estado.

Para eliminar a medios independientes, se les cortó la publicidad desde los primeros años del extendido gobierno de Evo Morales y, por si eso fuera poco, se presionó a empresas privadas para que dejen de comprar espacios en ellos. A este trabajo se llama asfixia económica y ha tenido tan buenos resultados que muchos medios se vieron obligados a cerrar.

Lo que han hecho los gobiernos del MAS es terrorismo económico, agravado por un hecho fundamental: para ejecutar la asfixia económica utilizan el dinero del Estado, que es de todos los bolivianos.

Hasta ahí, la historia es vieja y conocida, porque se ha publicado hasta en libros que ofrecen datos de los millones repartidos en los medios que chupan medias masistas, sobre la base de datos oficiales.

La segunda parte de la historia la estamos viviendo ahora, cuando los millones que se destinan para publicidad ya no solo se entregan a medios que tienen público, sino a otros que casi no tienen audiencia o utilizan soportes o plataformas que no garantizan la difusión masiva de sus mensajes. Me explico: se paga millones por difundir mensajes del Gobierno, pero no se garantiza que estos lleguen con éxito a sus destinatarios. Eso se llama despilfarro.

Hay dos ejemplos recientes de este fenómeno: las grandes cantidades de dinero pagados al periódico del exministro Hugo Moldiz y a la hija del portavoz presidencial Jorge Richter.

Estamos hablando, entonces, de la supuesta comisión de delitos como uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, que se castigan hasta con ocho años de cárcel, y este tipo de actitudes, aunque con montos mucho menores, se ven también en los gobiernos subnacionales. En Potosí, por ejemplo, se ha denunciado recientemente que la Asamblea Legislativa Departamental firmó contratos de publicidad con la radio Kawsachun Coca, que tiene sede en el Chapare, y se ha revelado que la alcaldía hizo lo propio con los medios de comunicación de dos concejales, pese a que eso representa conflicto de intereses.

Como se trata de dinero del Estado, la concesión de publicidad debería normarse. En varios países existen instancias independientes que evalúan permanentemente el impacto de los medios, mediante monitoreo y encuestas, y sus informes son tomados en cuenta a la hora de contratar publicidad en los medios. Como aquí no existe eso, los gobiernos usan el dinero destinado a la publicidad literalmente como les da la gana y eso no es legal ni legítimo.

Pero no esperen que los políticos normen la publicidad, porque eso no les conviene. Cuando se trata de millones, estos pueden repartirse también entre los que facilitan los contratos, así que, además, este asunto se ha convertido en otro tipo de ratería. 

Es imposible que pongan orden.