Justicia y penales repletos
Justicia y penales repletos
Las cárceles en Bolivia continúan siendo depósitos humanos y una muestra de las fallas estructurales de la administración de justicia.
Según datos oficiales, hay 18.500 detenidos sin sentencia y al menos 4.500 han sobrepasado el límite de su detención preventiva, tres años sin condena, en los diferentes penales.
Las consecuencias de la retardación de justicia no sólo se traducen en la existencia de miles de ciudadanos privados de libertad sin una sentencia de primera instancia y menos una ejecutoriada o definitiva.
Mientras duran las investigaciones para demostrar su culpabilidad en los hechos que se les atribuyen, muchos cumplen una condena anticipada o están retenidos injustamente. Sus procesos están archivados, paralizados o en revisión, y el tiempo pasa.
“Más del 63% (seis de cada 10) a nivel nacional son detenidos preventivos. Pedimos que se cumpla la igualdad ante la ley, tal como establece la Constitución Política del Estado”, señaló un delegado de los privados de libertad en una publicación de ===Los Tiempos===.
El Defensor del Pueblo estima, en su último informe, que la cifra de detenidos sin sentencia puede ser aún mayor: 33.275.
Además de las desalentadoras cifras de la realidad carcelaria existen historias de ciudadanos inocentes que estuvieron años detenidos por denuncias infundadas, procesos mal llevados y porque no cayeron en las redes de la corrupción.
A ello se suma el dramático hacinamiento en los penales. Todos, sin excepción, están repletos. La cárcel de San Pablo, en Quillacollo es la más crítica en este aspecto y la consideran el “epicentro” del hacinamiento.
Ese recinto penitenciario tiene una capacidad máxima para 110 personas, pero, en la actualidad alberga a 674, es decir, que ha superado en un 574% su capacidad.
La dura realidad de las cárceles salió nuevamente a luz y al foco mediático por la polémica instrucción del Tribunal Supremo de Justicia que, inicialmente, sólo pidió revisar los plazos de la detención preventiva de Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari, desatando protestas en los recintos por la gran cantidad de ciudadanos con detención preventiva que viven en condiciones inhumanas y se halla en un limbo judicial.
La gran cantidad de presos sin sentencia en Bolivia es un problema estructural y de fondo de la administración de justicia, por lo que el cumplimiento de una orden como la mencionada difícilmente logrará cambiar esa realidad.
Se requieren transformaciones, un cambio de visión y recursos para optar por otras medidas alternativas que aseguren la aplicación de las leyes sin condiciones humanas para los procesados.
Las soluciones al hacinamiento y la retardación de justicia no se pueden seguir postergando, es necesario que los nuevos legisladores lleven adelante las reformas que se necesitan para lograr una justicia verdadera basada en valores y principios como la igualdad.
