En medio del incendio en la Chiquitanía, IBCE defiende la ampliación de la frontera agrícola
En medio de los incendios que aquejan a la Chiquitanía y que ya devoraron más de 700 mil hectáreas, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) defiende la ampliación de la frontera agrícola para generar alimentos o biocombustibles y, así, evitar la disminución de las reservas internacionales.
"La pregunta es a los que se oponen que el área de siembra se amplíe, ya sea para generar alimentos o biocombustibles, qué proponen para salir de este atolladero en que estamos ahorita producto del languidecimiento del sector de hidrocarburos", dijo el gerente del IBCE, Gary Rodríguez,hoy en conferencia de prensa.
Explicó que, hasta el mes de julio, el déficit en la balanza comercial es de 720 millones de dólares "por causa del declive de las exportaciones de los hidrocarburos y eso que significa que las reservas internacionales están disminuyendo". Por ello aseguró que la única opción es producir más y generar más excedente, además de disminuir las importaciones
"Nosotros no queremos un país con estabilidad, queremos país previsible, una moneda que esté respaldada, una economía estable, un mejor futuro para nuestros hijos y para eso no queda otra posibilidad que invertir más, producir más, generar excedentes y exportar, traer divisas, y sustituir importaciones", explicó.
Precisó que, en esa línea, IBCE apoya la producción de los biocombustibles con el fin de bajar las importaciones de combustibles.
"Por eso hemos apoyado que se produzca biocombustibles, para disminuir las importaciones de los 350 millones de dólares, año, en gasolina o de los 900 millones de dólares en diésel", resaltó Rodríguez.
Ante las enormes pérdidas de bosque a causa de los incendios en la Chiquitanía provocados por los chaqueos, los ambientalistas y opositores atribuyeron que los mismos se deben porque se está ampliando la frontera agrícola de manera acelerada.
Cuestionaron al Decreto Supremo 3973, aprobado, en julio de este año, que permitió la quema en el Bosque Seco Chiquitano, puesto que autoriza el desmonte mediante la quema controlada o chaqueo, en tierras privadas y comunitarias ubicadas en los departamentos de Beni y Santa Cruz.
Por ello, opositores plantearon la abrogación de ese decreto y de la abrogación de la Ley 741, porque aseguran que son parte de los pactos entre el Gobierno y los agroindustriales, que causan el desastre en la Chiquitanía.
