Defensora y Ministro de la Presidencia intercambian denuncias en la Fiscalía
César Sánchez - El Oxígeno
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, intercambiaron denuncias ante el Ministerio Público, por diferentes delitos, y así agravaron las diferencias entre ambas instituciones.
Por un lado, Cruz denunció formalmente a Núñez, además de al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, por supuestamente incurrir en cinco delitos penales "al desconocer e impedir el trabajo de esta institución defensorial".
De acuerdo con el memorial presentado por la Defensora del Pueblo, las autoridades del Gobierno habrían incurrido en los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
Ya el pasado miércoles, Cruz había advertido con procesar a las autoridades del Ejecutivo ya que no atendieron los requerimientos ni brindaron la información solicitada por la Defensoría en distintos casos.
"El Ministro de la Presidencia ha devuelto diferentes requerimientos de información y solicitudes, como la demanda de protección especial para los Pueblos Indígenas, la solicitud de gestiones para el Avifavir (fármaco rudo para tratar el coronavirus) o para ampliar el Indulto en los recintos carcelarios", había indicado Cruz.
Semanas atrás, Núñez y Santamaría, a nombre del Gobierno Nacional, desconocieron públicamente a la Defensora del Pueblo interina, bajo el argumento de que su nombramiento hubiese sido sólo por 90 días y feneció en abril pasado.
En ese sentido, la mañana de hoy el Ministro de la Presidencia también presentó una denuncia formal en contra Cruz ante el Ministerio Público, por los supuestos delitos de prolongación y usurpación de funciones, porque, a su criterio, ejerce de forma "ilegal" las funciones como Defensora del Pueblo.
Cruz, al respecto, recordó que fue nombrada como Defensora del Pueblo interina por la Asamblea Legislativa conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 870 del Defensor del Pueblo, que señala que ante la ausencia del titular se designará a un interino de entre los delegados defensoriales adjuntos habilitados, "en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación".
