Tribunal de la Naturaleza resuelve que incendios de 2019 fueron "ecocidio ocasionado por la política de Estado y el agronegocio"
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza determinó hoy que los incendios ocurridos en 2019 en la Chiquitanía, Amazonía y el Chacho fueron un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio” y señala que se deben abrogar las leyes que “promueven los incendios y depredación de bosques”, además de las normas que respaldan los cultivos transgénicos.
"En base a estos antecedentes, los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes diseñaron la política, aprobaron el paquete legislativo y, ocurridos los incendios, favorecen a las condiciones de impunidad para los perpetradores. Además, indican como autores a los grupos fácticos representados por los grandes ganaderos, empresarios agroindustriales, por lo que este Tribunal se ha formado convicción a ese respecto. Por tanto, se concluye que corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecorregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al: Gobierno de Evo Morales 2019, Gobierno Áñez 2020 y Gobernación de Santa Cruz y Beni; (a la) Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras; (a la) Asamblea Legislativa. Bancadas del oficialismo y la oposición; (a la) Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental; (y al) extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación”, señala parte de la sentencia.
También se estableció que se debe hacer una "pausa ecológica" en la región afectada y evitar asentamientos y labores agrícolas como el monocultivo y uso de transgénicos.
La lectura de esta sentencia por el caso "Pueblos indígenas, Chiquitanía, Amazonía y Chaco contra el Estado Plurinacional de Bolivia" tuvo participación de forma virtual de representantes en diferentes regiones de Sud América y Bolivia.
Si bien este veredicto no es vinculante, es decir de cumplimento obligatorio para los estados, es un precedente que marca una demanda de pueblos indígenas en contra de más incendios y devastación de sus territorios y genera la incidencia en la lucha de la sociedad para la protección del medio ambiente y la petición de abrogar normas que atentan a los derechos de la naturaleza.
Entre agosto y octubre de 2019, el fuego acabó con más de 3 millones de hectáreas en la Chiquitanía y murió una gran cantidad de animales. A nivel general, Bolivia perdió más de 5,3 millones de hectáreas por incendios forestales durante 2019.
En julio de este año, se cumplió un año de la aprobación del Decreto Supremo 3973, que permite el desmonte de tierras y la ampliación de la frontera agrícola mediante quemas y chaqueos, y que se considera como responsable de los enormes incendios que afectaron al país el año pasado. Hasta ahora, las autoridades de gobierno no han derogado la medida ni investigado a los posibles culpables de esos incendios.
En marzo y julio de este año, el parque nacional Otuquis presentó diversos incendios que afectaron a la parte sur y este del mismo; según el monitoreo del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), los incendios en ambos casos ingresaron desde los países vecinos de Brasil y Paraguay, con los que Bolivia comparte la Amazonía y el Chaco.
